El peronismo se prepara para una multitudinaria movilización este miércoles 18 de junio, partiendo desde la residencia de Cristina Kirchner en Constitución hasta los tribunales de Comodoro Py. La marcha, convocada para las 10 de la mañana, tiene como objetivo principal expresar el respaldo a la expresidenta, quien será notificada de la ratificación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad Nacional.
La confirmación de la convocatoria este lunes ha desatado una intensa coordinación logística entre diversas facciones del peronismo. En los últimos días, la sede nacional del Partido Justicialista (PJ) en la calle Matheu ha sido escenario de reuniones para organizar lo que se espera sea una demostración de fuerza significativa para un justicialismo que busca reagruparse y retomar la iniciativa política.
Unidad en defensa de Cristina
El puntapié inicial para esta movilización se dio la semana pasada, horas después de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena. El Consejo Nacional del PJ sesionó con figuras destacadas como Sergio Massa, Juan Grabois y Guillermo Moreno, en una convocatoria amplia que reunió a todas las vertientes del justicialismo.
Aunque Axel Kicillof fue el gran ausente en esa primera reunión, el senador José Mayans, delegado por Cristina Kirchner para articular a los distintos sectores, explicó que se planificaba otra reunión con gobernadores de Unión por la Patria (UP). Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, sí participó en el cónclave, aunque representando al PJ de su provincia.
Según información obtenida por Ámbito, si bien no se ha convocado formalmente a todos los mandatarios de UP, se espera que algunos de ellos se sumen a la movilización. Tras conocerse el fallo del máximo tribunal, gobernadores como Kicillof, Quintela, Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), y también los más díscolos Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), así como Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), cerraron filas en apoyo a Cristina Kirchner.
Intendentes se suman y alertan sobre «infiltrados»
La idea de acompañar a la expresidenta con una movilización masiva, convocando a militantes y dirigentes de todas las provincias, surgió del cónclave partidario. Además de la demostración de fuerza, se busca presionar a la Justicia para que acepte el pedido de prisión domiciliaria, permitiendo que Cristina cumpla la condena en su residencia actual en Salta y Humberto 1.
Este fin de semana, 250 intendentes de todo el país se reunieron para coordinar esfuerzos y manifestar su respaldo. En la mesa principal estuvieron figuras como Fernando Espinoza (La Matanza), Mayra Mendoza (Quilmes), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Federico Achával (Pilar), junto a los senadores Eduardo «Wado» de Pedro y Anabel Fernández Sagasti. Los alcaldes se comprometieron a garantizar una movilización masiva para que Cristina «vuelva a su casa y no permitir la humillación a la que quiere someterla la mafia judicial».
En este contexto, el senador José Mayans advirtió sobre la posible presencia de «infiltrados» en la marcha, atribuyendo esta estrategia a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como un «modus operandi» para dispersar las movilizaciones y «infundir terror». Mayans también criticó duramente a la Corte Suprema, acusándola de desconocer el sistema federal de gobierno y de avanzar con la causa Vialidad tras intentos fallidos de usar la ley «Ficha Limpia» contra la expresidenta.
A pesar de que la Justicia analizaba notificar a Cristina vía Zoom, en los cuarteles peronistas se ratificó que la movilización se realizará independientemente del método de notificación. La condena a la exmandataria ha servido como un catalizador para un peronismo que, disperso y con conducciones cuestionadas, ha encontrado una causa común para cerrar filas, revigorizar el movimiento y construir una épica frente a un escenario político dominado por otras narrativas. Las distintas «tribus» internas, especialmente en la provincia de Buenos Aires, han depuesto temporalmente sus diferencias en defensa de la expresidenta.
