BUENOS AIRES – La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa uno de sus momentos más críticos en la justicia. El fiscal en lo Penal Económico, Claudio Roberto Navas Rial, presentó una acusación formal contra el presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, por la presunta retención indebida de aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad social.

Una deuda que supera los $19.000 millones

La investigación, que quedó radicada en el juzgado de Diego Amarante, pone la lupa sobre un rojo financiero monumental. Según la denuncia, la AFA habría retenido los aportes y tributos de su personal y de diversos clubes asociados, pero no realizó los depósitos correspondientes en el plazo legal de 30 días que exige el Régimen Penal Tributario.

El monto de la maniobra investigada superaría los $19.000 millones acumulados durante los últimos dos años, una cifra que excede largamente los límites establecidos para que el hecho sea considerado un delito penal tributario.

Los protagonistas bajo la lupa

Además de Tapia y su «mano derecha», Toviggino, el fiscal ha solicitado investigar a otros dirigentes de peso dentro del entramado económico de la calle Viamonte:

• Cristian Ariel Malaspina: Vicepresidente de la AFA.

• Gustavo Lorenzo: Miembro de la estructura administrativa de la entidad.

La causa se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), impulsada por Vanina Mariel Vidal, jefa de la Sección Penal de Grandes Contribuyentes. La funcionaria advirtió irregularidades sistémicas en el cumplimiento de las obligaciones previsionales de la asociación.

Una semana negra para la conducción de AFA

Este expediente no es un hecho aislado. Se trata de una de las tres investigaciones judiciales que han cercado a la dirigencia del fútbol argentino en apenas siete días. La acumulación de causas por presuntas irregularidades administrativas y tributarias ha colocado a la cúpula de la AFA en una situación de extrema fragilidad legal.

Por el momento, el juez Amarante deberá evaluar las pruebas presentadas por la fiscalía para decidir si avanza con los procesamientos formales de los imputados.