Un llamado anónimo realizado por un hombre mayor de edad obligó a evacuar a trabajadores, público y a los participantes de un congreso nacional. La UFI Genérica y Delitos Complejos trabajan para identificar y rastrear al responsable.

SAN JUAN.— Tras la evacuación preventiva del Centro Cívico registrada este jueves por la tarde, las autoridades judiciales y policiales de la provincia abrieron una investigación penal prioritaria para dar con el paradero e identidad del autor de la falsa amenaza de bomba que paralizó la actividad en el edificio gubernamental.

El hecho se desencadenó a las 18:10, cuando una voz masculina alertó a través de la línea de emergencias 911 sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo. La advertencia obligó a desplegar un masivo operativo de desalojo que afectó a empleados estatales, ciudadanos en general y a los profesionales que asistían al 19° Congreso Nacional de Secretarios Relatores de Cortes de Justicia en el salón Cruce de los Andes.

Intensa búsqueda y peritajes tecnológicos

Tras casi dos horas de inspección y rastrillaje a cargo del Cuartel Central de Bomberos —que arrojó resultado negativo minutos antes de las 20:00—, la causa quedó bajo las directivas del fiscal José Plaza, titular de la UFI Genérica.

Las actuaciones están enfocadas en identificar al responsable de la llamada intimidatoria mediante las siguientes medidas judiciales:

• Rastreo telefónico: Se libró un oficio urgente a la división Delitos Complejos de la Policía de San Juan para rastrear el origen de la línea y la celda de cobertura utilizada.

• Peritaje de audio: Especialistas analizan la grabación oficial del 911. Los primeros datos confirman que se trata de un hombre mayor de edad.

• Carátula penal: El hecho se investiga bajo el delito de intimidación pública, y las autoridades buscan determinar si existió coordinación o vinculación con llamados de similares características ocurridos recientemente.

Desde la Justicia remarcaron que se avanzará hasta las últimas consecuencias para poner al autor a disposición de los tribunales provinciales.