En una reunión clave en el Palacio Sarmiento, el subsecretario Alejandro Álvarez, rectores y gremios sellaron un aumento del 24,33% para docentes y no docentes. El paquete incluye partidas millonarias para hospitales universitarios, becas y gastos de funcionamiento.
POLÍTICA / EDUCACIÓN – Tras casi tres años de un durísimo tironeo político, masivas protestas callejeras y negociaciones que parecían empantanadas, el Gobierno nacional y las universidades públicas llegaron finalmente a un acuerdo histórico que promete bajar los niveles de tensión. El encuentro definitivo se llevó a cabo este miércoles en el Palacio Sarmiento y estuvo encabezado por Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, junto a los rectores de las casas de estudio y los principales representantes gremiales del sector.
Este entendimiento integral busca ponerle un freno definitivo a uno de los focos de conflicto más extensos y sensibles que debió afrontar la gestión libertaria desde su desembarco en la Casa Rosada.
Los números del acuerdo: sueldos, hospitales y becas
El paquete de medidas económicas que destrabó el conflicto se estructuró a partir de una importante inyección de recursos por parte del Ministerio de Economía, que habilitó una partida de $800.000 millones para atender las urgencias presupuestarias más críticas.
El acuerdo se compone de los siguientes puntos clave:
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Recomposición Salarial: Se estableció un aumento total del 24,33% para el personal docente y no docente. Se liquidará un 21,33% con los sueldos de junio y el 3% restante se aplicará en octubre.
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Hospitales Universitarios: Se inyectarán $50.000 millones extraordinarios para el sostenimiento de los centros de salud dependientes de las universidades, sumándose a lo ya previsto en el presupuesto vigente.
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Funcionamiento y Becas: Los gastos de funcionamiento de las facultades recibirán una actualización del 20%, mientras que las becas estudiantiles Manuel Belgrano registrarán un incremento del 50%.
El impacto de una crisis que escaló hasta la Corte
La resolución del conflicto llega tras dos semanas de intensas reuniones secretas y luego de un proceso de desgaste que acumuló capítulos críticos desde 2024. El mapa de la protesta universitaria había incluido marchas federales multitudinarias, clases públicas en las calles, tomas de facultades, paros totales de actividades y una disputa judicial por los fondos que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mientras el oficialismo cuestionaba la transparencia del financiamiento y el funcionamiento interno de las casas de estudio, la comunidad académica advertía sobre un colapso inminente. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el retraso salarial había provocado una preocupante fuga de miles de docentes hacia el sector privado o hacia el exterior del país.
Cláusula de paz y revisión: Como parte del pacto que permitió levantar las demandas judiciales que las universidades mantenían contra el Estado nacional, las partes acordaron abrir mesas de revisión paritaria cada tres meses en lo que resta del año, garantizando previsibilidad para el normal desarrollo del ciclo lectivo.
