Al cumplirse el 197° aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las islas, la Cancillería calificó de ilegal la exploración hidrocarburífera en la Cuenca Norte. El Gobierno advirtió que utilizará todas las acciones legales internacionales disponibles para frenar la iniciativa unilateral de las firmas británicas e israelíes.
POLÍTICA / RELACIONES EXTERIORES – En una jornada de alta carga simbólica y diplomática, el Gobierno argentino conmemoró este miércoles el 197° aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos. En este marco, la Cancillería endureció drásticamente su postura frente al Reino Unido, manifestando un enérgico rechazo al avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado de manera unilateral en áreas bajo disputa de soberanía.
A través de un comunicado oficial, el Palacio San Martín advirtió que la iniciativa representa una flagrante violación al derecho internacional y anticipó que el Estado argentino recurrirá a todas las herramientas jurídicas, políticas y diplomáticas a su alcance para frenar el desarrollo del yacimiento.
La disputa por los recursos de la Cuenca Norte
El foco del conflicto radica en los recientes anuncios de las empresas Rockhopper Exploration PLC (Reino Unido) y Navitas Petroleum (Israel). Ambas firmas ratificaron su decisión final de inversión para explotar la Cuenca Malvinas Norte.
El ambicioso plan contempla las siguientes claves económicas y operativas:
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Inversión inicial: Estiman un desembolso de 2.100 millones de dólares para la primera fase del proyecto.
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Cronograma: Prevén iniciar las perforaciones a comienzos de 2027 y arrancar la producción comercial formal en 2028.
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Reservas estimadas: Rockhopper actualizó recientemente el cálculo de recursos recuperables a más de 1.000 millones de barriles de crudo, lo que incrementa sustancialmente el valor geoestratégico de la zona en conflicto.
La diplomacia argentina fundamentó su rechazo en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU (que este año cumple cinco décadas), la cual exige taxativamente a ambas partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras el litigio por la soberanía continúe abierto.
Postura de firmeza y el frente internacional
El texto oficial dejó firmemente alineado al presidente Javier Milei en una estrategia de máxima firmeza para defender los recursos naturales en la plataforma continental argentina. Por su parte, el canciller Pablo Quirno utilizó sus redes sociales para ratificar la dirección del reclamo nacional:
«Argentina seguirá utilizando todas las herramientas pacíficas a su alcance para que el Reino Unido cumpla con el derecho internacional y vuelva a sentarse a la mesa de negociaciones de soberanía», expresó Quirno a través de la plataforma X.
El trasfondo histórico y el escenario geopolítico
La fecha elegida para el reclamo evoca el 10 de junio de 1829, día en que el entonces gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, dictó el decreto de creación de la primera estructura administrativa argentina en las islas, designando al frente a Luis Vernet. La Cancillería recordó este hito como parte de la herencia territorial ininterrumpida (uti possidetis iuris) que se truncó por la fuerza el 3 de enero de 1833 con la invasión británica y la expulsión de las autoridades rioplatenses.
La actual escalada se produce semanas después de que se filtrara un documento interno del Pentágono de los Estados Unidos —difundido por la agencia Reuters— que sugería revisar el apoyo de Washington a las «posesiones imperiales europeas», nombrando explícitamente a Malvinas. Aunque el funcionario estadounidense Marco Rubio bajó el tono afirmando que eran «solo ideas» aisladas, el primer ministro británico reafirmó desde Downing Street que la soberanía británica no está en discusión, respaldándose en el referéndum isleño de 2013, donde 1.672 votantes ratificaron su condición de territorio de ultramar.
Argentina, en contraposición, insistió en que la comunidad internacional rechaza aplicar el principio de autodeterminación en este caso, dado que se trata de una población implantada tras una usurpación militar.
