En un fallo que marca un precedente clave para la política ambiental argentina, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, resolvió suspender la aplicación de la reciente reforma a la Ley de Protección de Glaciares en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz. La medida cautelar surge tras un amparo presentado por las autoridades de El Calafate, quienes advirtieron sobre el riesgo inminente que la nueva normativa representa para los ecosistemas de la región.

El magistrado ordenó al Estado nacional abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado de la modificación aprobada el pasado 9 de abril, protegiendo de forma inmediata áreas sensibles como el Parque Nacional Los Glaciares, hogar del emblemático Perito Moreno.

El punto de quiebre: minería vs. reservas de agua

El corazón de la disputa radica en el tratamiento de las zonas periglaciales. La reforma impulsada por el Ejecutivo Nacional introduce cambios profundos respecto a la ley original de 2010:

• Autonomía provincial: El nuevo esquema delega en las provincias la capacidad de decidir qué áreas cercanas a los glaciares pueden ser explotadas comercialmente.

• Interés minero: El Gobierno defiende la medida como un motor para la inversión en cobre, oro y litio, bajo la premisa de que no todas las zonas periglaciales poseen funciones hídricas vitales.

• Reserva de agua dulce: Ambientalistas y científicos sostienen que flexibilizar estas fronteras pone en peligro las mayores reservas de agua del país, esenciales para el consumo humano y el equilibrio climático.

Un frente judicial que se expande

Santa Cruz no es la única jurisdicción en pie de guerra. El Gobierno de La Pampa también ha interpuesto un amparo colectivo, argumentando que cualquier alteración en la naciente de los ríos cordilleranos afectará directamente el caudal del Río Colorado, del cual depende su población.

Este escenario judicial evoca lo sucedido en 2019, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó la validez de la norma original. En aquel entonces, ante un reclamo de la minera Barrick Gold, el máximo tribunal sentenció que los glaciares son bienes públicos estratégicos y que el acceso al agua debe prevalecer sobre cualquier interés económico individual.

Futuro incierto y debate nacional

Si bien la resolución del juez Vázquez tiene un alcance provincial, su impacto político es nacional. El fallo reabre una discusión profunda sobre el modelo de desarrollo: mientras el oficialismo busca desregular áreas para captar divisas, los municipios cordilleranos y las organizaciones civiles denuncian una vulneración de los principios ambientales constitucionales.

Por el momento, la reforma queda en suspenso en suelo santacruceño, a la espera de que la justicia analice la cuestión de fondo sobre su posible inconstitucionalidad. El debate, que recién comienza, promete escalar hasta la Corte Suprema, redefiniendo los límites de la actividad extractiva en las zonas más frías y estratégicas de la Argentina.