JUSTICIA – La fiscal federal Paloma Ochoa imputó e impulsó formalmente una investigación penal para determinar si el gobierno encabezado por Javier Milei destinó fondos públicos y estructura oficial para facilitar el tránsito y posterior viaje a Estados Unidos del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro, sobre quien pesaban restricciones judiciales en su país.
El requerimiento fue radicado ante el Juzgado Federal N.º 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, expediente originado a partir de una denuncia por presunto encubrimiento presentada por el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano.
Las medidas en marcha y el circuito de la travesía
La decisión de la fiscalía se dio tras la recolección de informes preliminares solicitados a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería. El objetivo central de la causa es constatar si las autoridades nacionales tenían conocimiento formal de las medidas cautelares dispuestas en Brasil y si se dispusieron recursos del Estado para garantizar su paso hacia el exterior.
Según los registros migratorios oficiales, el itinerario de la familia Bolsonaro se desarrolló de la siguiente manera:
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Ingreso a la Argentina: El 27 de octubre a las 22:50, Flávio Bolsonaro, su esposa Fernanda Antunes Figueira y sus dos hijas cruzaron por vía terrestre el puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú.
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Salida hacia EE. UU.: A las 23:30 de esa misma noche, abordaron un vuelo privado de la empresa Baires Fly desde el aeropuerto de Puerto Iguazú con destino a Miami (haciendo escala técnica en Guayaquil, Ecuador).
La salida de Brasil se produjo en el marco de un fallo del ministro del Supremo Tribunal Federal brasileño, Alexandre de Moraes, quien había ordenado la retención de sus pasaportes y la prohibición de salir del país en una causa donde se investiga presunto lavado de dinero.
Múltiples presentaciones y el escenario en Comodoro Py
El caso generó un abanico de acciones en el ámbito judicial:
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Tribunales de Comodoro Py: Además del expediente impulsado por Solano ante Capuchetti, el diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia paralela (inicialmente recaída en el juzgado de Daniel Rafecas) para analizar eventuales responsabilidades de funcionarios del Poder Ejecutivo.
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Juzgado Federal de Puerto Iguazú: La diputada Marcela Pagano había radicado una presentación en Misiones. En dicha causa, el fiscal Fabián Martínez requirió peritajes sobre las cámaras de seguridad del puente fronterizo y del aeropuerto, así como las listas de pasajeros. Si bien Martínez desestimó esa causa local al considerar que no se configuró delito en el control limítrofe, la causa principal continúa su trámite en la Justicia Federal porteña.
La posición del Poder Ejecutivo
Desde la Casa Rosada desestimaron de manera categórica las acusaciones sobre una cooperación irregular.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, ratificó la validez de las actuaciones al sostener que el dirigente brasileño y su familia ingresaron con la documentación personal reglamentaria. Asimismo, la administración nacional remarcó que al momento del control fronterizo no pesaba ninguna alerta roja ni notificación formal de Interpol que obligara a la Argentina a restringir su libre circulación.
