La Confederación General del Trabajo (CGT) ha presentado un amparo sindical ante la Justicia para intentar frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno que limita el derecho a huelga. La central gremial busca que se declare la invalidez constitucional de la normativa.
El DNU, publicado el pasado miércoles 21 de mayo, amplía las actividades consideradas esenciales, incluyendo ahora al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones. Para estas actividades, se impone la obligación de garantizar la prestación del 75% de los servicios en caso de una medida de fuerza, lo que en la práctica restringe el derecho a huelga.
Además, el decreto crea la figura de actividades de importancia trascendental, que abarca sectores diversos como los principales rubros industriales (alimentación, metalúrgica y construcción), el funcionamiento de bancos, comercios, locales gastronómicos y todos los sectores vinculados a la exportación. Para estos rubros, se exige mantener un mínimo del 50% de la prestación durante las jornadas de huelga.
Héctor Daer, co-titular de la CGT, ya había anticipado esta acción legal al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una reunión previa.
Entre los fundamentos del amparo, la CGT argumenta que el DNU reglamenta de manera restrictiva el derecho de huelga al ampliar arbitrariamente la lista de servicios esenciales e imponer niveles mínimos de prestación que, según la central, imposibilitan el ejercicio legítimo de las medidas de fuerza.
La CGT subraya que la medida viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como convenios de la OIT y otros tratados internacionales con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga.
También cuestionaron el instrumento utilizado, el DNU, afirmando que fue dictado sin que se verificaran los requisitos de necesidad y urgencia que exige la Constitución, en un contexto de normal funcionamiento del Congreso Nacional. La CGT sostiene que la reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto.
Finalmente, argumentaron que el derecho a la huelga es esencial para equilibrar el poder en la negociación colectiva, y que su limitación debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales.
