La jueza Mariel Borruto hizo lugar a una medida cautelar presentada por un excombatiente. La resolución alcanza a las firmas Rockhopper y Navitas, exigiendo el freno de perforaciones, financiamiento y licencias ambientales.

La Justicia Federal de Río Grande ordenó a dos compañías internacionales vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, que se abstengan de iniciar o continuar obras de exploración, perforación, instalaciones submarinas y extracción comercial en la plataforma continental argentina.

La decisión fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por un excombatiente de la Guerra de Malvinas en el marco de las acciones legales impulsadas contra la actividad hidrocarburífera no autorizada en el archipiélago. Las empresas alcanzadas por el fallo son Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.

Alcance de las medidas financieras y contractuales

La resolución judicial procura paralizar las operaciones de logística y el flujo de fondos destinados al desarrollo del yacimiento marítimo:

• Bloqueo financiero: Se prohíbe a las demandadas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, realizar aportes de capital, emitir transferencias intercompañías, constituir garantías o afectar activos vinculados al proyecto.

• Notificación a mercados: Se requirió comunicar la existencia del proceso judicial a autoridades regulatorias y mercados de valores donde cotizan las firmas involucradas.

Información requerida a las petroleras

A través de la medida cautelar, la magistrada exigió a las compañías la entrega de documentación técnica y corporativa detallada:

• Estructura corporativa y financiera: Detalle de la estructura societaria utilizada, nómina de entidades financieras, fondos de inversión, aseguradoras, reaseguradoras y desembolsos ejecutados o pendientes.

• Estudios de impacto ambiental: Presentación de análisis de riesgo, modelizaciones de derrames, planes de contingencia e infraestructura portuaria y terrestre proyectada para sostener el emprendimiento.

Requerimientos a la Cancillería y a la Jefatura de Gabinete

El juzgado libró oficios a dependencias del Poder Ejecutivo Nacional fijando plazos para la remisión de informes oficiales:

• Cancillería Argentina: Deberá responder en un plazo de 10 días si las empresas cuentan o contaron con algún tipo de permiso, concesión o autorización emitida por la República Argentina para explorar o explotar hidrocarburos en los espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas.

• Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental: Deberá precisar si existen registros de avisos de proyecto, procedimientos de análisis ambiental o certificados de aptitud otorgados a favor de Sea Lion o sus firmas asociadas.