Un proyecto de ley será presentado en la Cámara de Diputados de San Juan con el objetivo de restringir el acceso al empleo público, así como a contratos y servicios con el Estado provincial, a personas que registren deudas por cuotas alimentarias o que hayan sido condenadas por delitos relacionados con abuso de género.
La iniciativa, impulsada por el diputado Leopoldo Soler, surge de una «preocupación personal y social» y busca establecer una «respuesta más clara desde el ámbito normativo» ante conductas persistentes. Según explicó Soler, la prohibición se aplicaría a cargos electivos, funciones en los poderes Ejecutivo y Judicial, y a toda relación contractual con el Estado, manteniéndose la inhabilitación mientras persista la deuda o la condena.
El proyecto contempla dos niveles de control: uno judicial para fallos y registros penales, y otro administrativo para que los organismos públicos verifiquen los antecedentes de quienes se postulen. Soler argumenta que la medida busca «instalar un principio de coherencia institucional» para que el Estado no avale a quienes incumplen obligaciones básicas.
