CONGRESO – La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó un proyecto de ley en la Cámara Alta para declarar la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. La iniciativa busca cerrar los vacíos legales que permiten a los acusados extinguir sus causas penales mediante el transcurso del tiempo o la evasión de la Justicia.
El texto ingresado al Senado se suma al debate que ya inició la comisión de Legislación Penal en la Cámara de Diputados, donde se analiza la unificación de 12 proyectos orientados en la misma dirección.
Delitos alcanzados y cambios clave en el Código Penal
La propuesta abarca un amplio espectro de carátulas penales cometidas contra menores de edad:
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Abuso sexual infantil y explotación sexual.
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Corrupción de menores y pornografía infantil.
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Grooming y trata de personas con fines de explotación sexual.
Asimismo, el proyecto introduce reformas sustanciales en el régimen general de prescripción de la ley penal:
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Ampliación de plazos: Eleva a 20 años la prescripción para aquellos delitos cuya pena contemplada sea la prisión perpetua.
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Suspensión por fuga o extradición: Determina que el tiempo en que el imputado se mantenga prófugo o en trámite de extradición no sea computado para la prescripción.
Según fundamentó la legisladora, fijar la fuga como una causal de suspensión garantiza que el proceso penal «permanezca hábil y vigente durante todo el período en que el imputado escape de la Justicia, hasta ser localizado y sometido a juicio».
El antecedente del caso Alberto Martín del Valle
Como fundamento central de la iniciativa, se citó el caso de Alberto Martín del Valle, un acusado de abuso sexual infantil agravado que permaneció prófugo durante 14 años.
Tras ser capturado por las fuerzas de seguridad, la Justicia dictó la extinción de la acción penal por el paso del tiempo mientras se encontraba prófugo, beneficio que generó indignación en la opinión pública e impulsó los debates legislativos conocidos como “Ley Segovia”. La modificación impulsada busca evitar que el beneficio de la prescripción vuelva a amparar a imputados que evaden a las autoridades.
