Una investigación judicial expuso una serie de omisiones, chats y negociaciones entre exautoridades de los organismos de control farmacológico e integrantes del laboratorio fabricante, que derivaron en la distribución de inyectables contaminados con un saldo de 63 víctimas fatales.
La pesquisa determinó que las alertas sobre las fallas críticas en la planta de Laboratorios Ramayo y la firma HLB Pharma comenzaron a generarse mucho antes de que el lote 31.202 saliera al mercado. Pese a las reiteradas recomendaciones técnicas de suspender la producción, la inacción estatal se prolongó mientras miles de ampollas continuaron distribuyéndose en droguerías y centros de salud de todo el país.
Cronología de las omisiones sanitarias y judiciales:
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Alertas previas (2023 – enero 2024): Se detectaron presencias fúngicas en la planta. La ex titular del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, habría omitido aplicar sanciones inmediatas para evitar frenar la producción del laboratorio.
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Informes de inhabilitación (Noviembre 2024 – Enero 2025): Inspectores del INAME auditaron la planta y hallaron faltas graves en documentación, controles microbiológicos y depósitos, recomendando prohibir la elaboración de medicamentos.
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El lote mortal y reuniones clave (Enero 2025): Tras la asunción de Agustina Bisio en ANMAT, se mantuvieron reuniones con el presunto dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro. Según los chats judicializados, se acordó un plan de acción para no frenar la producción. A fines de enero, salieron a la venta 10.000 ampollas del lote 31.202.
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Alertas ignoradas por la economía (Febrero – Marzo 2025): Pese a registrarse la primera muerte el 8 de febrero y disponerse una prohibición administrativa el 10 de febrero, la resolución no fue publicada. Ante la advertencia técnica por nuevos fallecimientos, Mantecón Fumadó argumentó en un chat: «Es un montón de guita que está en la calle».
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Retiro voluntario y confirmación de víctimas (Abril 2025): Ante la falta de respuesta oficial, el propio laboratorio solicitó su autoinhibición. El 22 de abril, las autoridades confirmaron la vinculación del lote con eventos adversos, cuando la cifra de muertos ya ascendía a 63 personas.
Salpicados en la causa y el rol del Ministerio de Salud
La causa judicial derivó en las detenciones e indagatorias de Bisio y Mantecón Fumadó (quienes posteriormente obtuvieron la libertad tras pagar fianzas de 75 millones de pesos). Los chats incorporados al expediente revelan además que los responsables del laboratorio recibían información sobre inspecciones sorpresivas con anticipación («Me acaba de avisar Ariel García Furfaro que mañana cae inspección»).
Asimismo, las imputadas señalaron que las decisiones de peso contaban con el aval del Ministerio de Salud, salpicando la gestión del ministro Mario Lugones a partir de intercambios donde la propia Bisio manifestaba que el funcionario consultaba si la situación podía derivar en el cierre definitivo de la planta.
