La decisión del Gobierno nacional de dar de baja el programa Volver al Trabajo ha generado un fuerte impacto social en San Juan, dejando en una situación de extrema vulnerabilidad a miles de familias. Según estimaciones de las organizaciones sociales, la medida afecta directamente a más de 15.000 trabajadores y trabajadoras en la provincia, quienes han dejado de percibir el ingreso mensual que sostenía sus hogares y gran parte de la red comunitaria en los barrios.
Ivana Saavedra, referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), advirtió sobre la gravedad del recorte, señalando que la mayoría de los afectados son mujeres jefas de hogar. El ingreso, que se encontraba congelado en 78.000 pesos desde hace dos años, representaba un auxilio mínimo pero vital para la subsistencia diaria.
Impacto en los espacios de contención
El cese del programa no solo golpea la economía individual, sino que pone en riesgo la continuidad de comedores y merenderos en zonas críticas como Franklin, Valle Grande y La Esperanza. Estos espacios, que forman parte de programas de asistencia alimentaria, enfrentan hoy la posibilidad de un cierre inminente por falta de recursos.
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Población afectada: Familias de hasta ocho integrantes, con una alta proporción de niños.
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Asistencia semanal: Se asiste a un promedio de 35 niños por cada espacio comunitario.
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Riesgo directo: El recorte implica una disminución drástica en la llegada de alimentos y suministros para cocinar.
El sistema de «vouchers»: dudas y falta de cupos
Como alternativa al programa eliminado, Nación impulsó un esquema de vouchers para capacitación. Sin embargo, desde las organizaciones sanjuaninas denuncian que esta propuesta es insuficiente y presenta fallas operativas graves:
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Falta de pago: A diferencia del programa anterior, la capacitación mediante vouchers no contempla una contraprestación económica.
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Problemas de acceso: Hasta la fecha, los beneficiarios locales reportan que no hay cupos disponibles en San Juan para acceder a dichos cursos.
Reorganización y reclamo provincial
Ante el escenario de incertidumbre, diversas agrupaciones —incluyendo al MTE, Patria Grande y la UTEP— han iniciado un proceso de reorganización para elevar el reclamo al Gobierno de San Juan. Las organizaciones destacan que la eliminación del beneficio también representa un golpe para la economía local, ya que implica que dejarán de ingresar a la provincia más de 1.100 millones de pesos mensuales que antes circulaban en el comercio de cercanía.
«La realidad hoy es de resignación, pero seguiremos golpeando puertas para evitar que los comedores cierren», concluyeron desde los movimientos sociales, mientras el panorama en los barrios más postergados de la provincia se vuelve cada vez más crítico.
