Trece trabajadores vinculados a una importante compañía minera de Perú fueron encontrados sin vida dentro de una mina de oro en Pataz, en el noroeste del país, días después de que se denunciara su secuestro en la zona, según informaron el domingo la empresa y las autoridades.
Este lamentable suceso ocurre en Pataz, una región clave para la producción de oro en Perú, uno de los mayores productores de este metal precioso en Latinoamérica. La zona se encuentra bajo estado de emergencia desde febrero de 2024 debido a la creciente violencia desatada por la fiebre del oro.
«Esta madrugada, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la Policía pudo recuperar los cuerpos de los 13 trabajadores que fueron secuestrados (…) por mineros ilegales coludidos con elementos criminales», comunicó la minera Poderosa, en cuyas instalaciones tuvieron lugar los hechos.
Las víctimas eran empleados de una empresa contratista que prestaba servicios a Poderosa, una destacada minera que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima y que en los últimos meses ha sido blanco de grupos armados ligados a la minería ilegal.
Fuentes policiales confirmaron a la AFP que los cuerpos de los trabajadores aún permanecen en el interior de la mina.
Ante esta grave situación, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ordenó el despliegue de equipos élite especializados en crimen organizado y divisiones de investigación criminal para lograr la captura de los responsables.
«Nuestros agentes (…) están plenamente facultados para hacer uso de sus armas de fuego si las circunstancias lo ameritan, en estricto cumplimiento del marco legal vigente», enfatizó el Ministerio del Interior en un comunicado.
Según la información proporcionada por Poderosa, «ya suman 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control» de la localidad.
La minera realizó un «llamado urgente» al gobierno para que replantee su estrategia de seguridad en la zona.
«La espiral de violencia descontrolada que vive Pataz se da a pesar de la declaración del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial que, lamentablemente, no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona», recalcó la empresa.
En la ciudad de Trujillo, ubicada a nueve horas al oeste de Pataz, familiares de algunas de las víctimas aguardaban el traslado de los cuerpos de sus seres queridos a la morgue local.
«Queremos justicia, que esto no se quede allí nomás», expresó a Canal N Abraham Domínguez, padre de Alexander Domínguez, cuyos restos fueron hallados en el interior de la mina.
Por su parte, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos, anunció que se reunirá el lunes con la presidenta Boluarte para buscar soluciones a la creciente inseguridad en la región.
«Vengo levantando la voz fuerte, no soy revoltoso, pero me duele lo que pasa en mi pueblo (…) Si me meten a la cárcel o me asesinan, el único responsable será el gobierno central», manifestó el alcalde con pesar.
Entre 2013 y 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú identificó operaciones sospechosas de provenir de la minería ilegal por un valor de 8.241 millones de dólares.
Perú enfrenta actualmente una ola de extorsiones y criminalidad violenta, lo que ha llevado a las autoridades a decretar el estado de emergencia en diversas áreas del país.
