Buenos Aires, 10 de julio de 2025 – El Gobierno Nacional avanza con una profunda reestructuración del sector de transporte, anunciando la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Esta medida, que forma parte de la centralización de organismos viales bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, dejará en disponibilidad a más de 5100 empleados públicos y redefinirá la gestión de los más de 40.000 kilómetros de rutas del país.
La Casa Rosada ha comunicado que la totalidad de la planta de trabajadores de Vialidad Nacional será puesta a disposición, con el objetivo primordial de reubicarlos. Una parte de estos empleados será absorbida por áreas del Ministerio de Economía, que ahora asumirá las funciones de estudio, construcción y mantenimiento de rutas. Otra porción será destinada a la recién creada Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Según fuentes oficiales de Balcarce 50, los empleados contarán con un período de un año con goce de sueldo mientras se gestiona su reubicación. Durante este tiempo, se les ofrecerán capacitaciones para desempeñar nuevas tareas, e incluso podrán prestar servicios tercerizados al Estado. «Estamos evaluando la cantidad de empleados que van a necesitar las nuevas dependencias», aseguraron desde el oficialismo, destacando el proceso de análisis en curso.
Para aquellos trabajadores que finalmente no sean reubicados, el Gobierno contempla una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, calculada sobre el salario más alto del último año. La Ley Bases, a través de su capítulo de Empleo Público, también habilita la transferencia de agentes a jurisdicciones provinciales y municipales, brindando flexibilidad en el destino del personal. Sin embargo, el Ejecutivo ha puesto la mira en el articulado que le permite evitar el pago de indemnizaciones en casos donde se detecten irregularidades laborales, como incumplimiento de horario o inasistencias injustificadas.
La disolución de Vialidad Nacional implica un exhaustivo proceso de inventario de sus bienes, que incluyen inmuebles, flotas de vehículos, maquinaria agrícola, industrial y vial. Todos estos activos deberán ser presentados ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y las sumas líquidas y la tenencia de títulos públicos y/o letras pasarán a una cuenta del Tesoro. Cabe recordar que Vialidad Nacional contaba con un presupuesto asignado de $456.777 millones.
Esta reestructuración no es un caso aislado. El Gobierno ha aplicado el mismo esquema para la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que también fueron disueltas esta semana. En otro cambio significativo, la Junta de Seguridad en el Transporte se transformó en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
Finalmente, el control en las rutas nacionales, anteriormente gestionado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) —también transformada—, ha sido cedido a la Gendarmería Nacional, que depende del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Economía no solo ha asumido las funciones de Vialidad, sino que también ha impulsado la creación de un Consejo Vial Federal, marcando una nueva etapa en la gestión de la infraestructura vial argentina.
