La administración estadounidense pidió rechazar el pedido de desacato contra Argentina, advirtiendo sobre el «efecto búmeran» que sanciones a estados soberanos podrían tener sobre la propia diplomacia de Washington.
NUEVA YORK – El litigio por la expropiación de YPF, que ya acumula una sentencia de 16.100 millones de dólares más intereses, sumó un capítulo de alto voltaje político. El Gobierno de EE.UU. se presentó como «amigo del tribunal» (amicus curiae) para recomendar que no se apliquen las penalidades económicas ni las sanciones procesales que exigen los beneficiarios del fallo.
Los argumentos de Estados Unidos
El Departamento de Justicia fundamentó su intervención en principios de derecho internacional y reciprocidad:
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Inmunidad Soberana: Washington sostiene que las medidas solicitadas (penalidades y entrega de acciones) no se ajustan a la Foreign Sovereign Immunities Act (Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras).
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Riesgo Diplomático: Advirtió que permitir procesos «intrusivos» contra funcionarios de alto rango y estados soberanos sienta un precedente peligroso. Si EE.UU. castiga a Argentina en sus cortes, Washington podría recibir el mismo trato en tribunales extranjeros.
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Cortesía Internacional: El escrito resalta que las tensiones judiciales deben resolverse bajo principios de respeto mutuo entre naciones, rechazando las «inferencias adversas» que buscan imponer los demandantes ante la supuesta falta de entrega de pruebas.
La respuesta de la Procuración del Tesoro
Desde el organismo que dirige la defensa argentina celebraron el respaldo, calificándolo como una validación de su estrategia jurídica:
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Colaboración demostrada: Argentina recordó que ya entregó más de 115.000 páginas de documentos en la etapa de producción de pruebas, rechazando las acusaciones de ocultamiento.
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Protección de activos: La defensa insiste en que las acciones de YPF y otros activos soberanos son inembargables según la ley estadounidense vigente.
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Foco en la Apelación: Mientras se define el pedido de desacato, el Estado argentino aguarda una resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, donde busca revertir el fallo de fondo.
¿Qué está en juego ahora?
El expediente transita semanas determinantes. El respaldo de la administración estadounidense (ahora bajo la gestión de Donald Trump, quien mantiene la línea de apoyo que inició el Departamento de Justicia meses atrás) inclina la balanza política, aunque la decisión final sigue en manos de la jueza Preska y la Cámara de Apelaciones.
Puntos clave del conflicto:
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Monto total: Se estima que la deuda ya ronda los 18.000 millones de dólares sumando intereses.
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Conflicto de pruebas: Los demandantes aseguran que funcionarios argentinos borraron correos y mensajes clave; el Departamento de Justicia calificó este pedido de información como «oneroso e intrusivo»
