En una sesión marcada por la tensión interprovincial, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó el pasado jueves 30 de abril un proyecto de repudio contra las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. El conflicto surge a raíz de la disputa por el Proyecto Vicuña, un emprendimiento minero clave cuya logística se ha visto afectada por decisiones de la provincia vecina.
La sesión, dirigida de forma alternada por el vicegobernador Fabián Martín y el diputado Enzo Cornejo, reflejó las divisiones políticas internas frente al manejo de la crisis diplomática con La Rioja.
Detalles de la votación y posturas políticas
El tratamiento del repudio se realizó con el cuerpo constituido en comisión, lo que derivó en la presentación de diferentes despachos al no haber consenso total:
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Aprobación: Se impuso el despacho presentado por el interbloque Cambia San Juan.
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Resultado: 22 votos positivos.
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Abstenciones: 13 votos, pertenecientes a la mayoría de los integrantes del interbloque Justicialista. Con esta estrategia, el PJ evitó dar su apoyo explícito al repudio sin llegar a votar negativamente, manteniendo una posición intermedia.
Contexto: La «Guerra Judicial» por el acceso minero
El trasfondo del repudio legislativo es un conflicto de jurisdicciones que ha escalado a los tribunales:
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Bloqueo Riojano: Semanas atrás, la Justicia de La Rioja impuso restricciones al tránsito en una ruta provincial esencial para el abastecimiento y la logística del Proyecto Vicuña.
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Respuesta Sanjuanina: La Justicia de San Juan respondió con una medida cautelar que blinda la operatividad del yacimiento. El fallo prohíbe que cualquier entidad (pública o privada) ajena a las autoridades de San Juan obstruya las tareas de la mina.
Situación actual del Proyecto Vicuña
Desde la empresa responsable del emprendimiento enviaron un mensaje de tranquilidad a los mercados y proveedores:
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Operatividad: Aseguraron que la mina sigue funcionando bajo el marco legal vigente.
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Acciones legales: La firma continuará impulsando gestiones judiciales para garantizar que el acceso logístico a través de las rutas provinciales se normalice de manera definitiva.
Este conflicto no solo pone a prueba la relación entre los gobernadores Marcelo Orrego y Ricardo Quintela, sino que también establece un precedente sobre la autonomía de los recursos naturales y los límites de las jurisdicciones provinciales en proyectos mineros fronterizos.
