Buenos Aires, 30 de septiembre de 2025 — El Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) condenó este martes por unanimidad al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a la pena de cuatro años de prisión y a la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, por encontrarlo culpable del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado.
La sentencia corresponde a la causa por las irregularidades detectadas en la compra de buques de gas natural licuado (GNL) realizada entre los años 2008 y 2009.
Las Penas para el Círculo de Planificación
El veredicto, leído por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, alcanzó también a su mano derecha en el Ministerio, Roberto Baratta, y a un empresario clave en la maniobra:
- Roberto Baratta (Exsubsecretario de Coordinación): Condenado a tres años y seis meses de prisión como coautor del delito, sumando también la inhabilitación perpetua.
- Nicolás Dromi San Martino (Empresario): Recibió una pena de tres años de prisión en suspenso por ser considerado partícipe necesario.
Restitución Millonaria
Como parte de la condena, el TOF 7 determinó que los tres sentenciados deben devolver al Estado la suma de 5.523.345 dólares, el monto que la justicia consideró como el perjuicio económico causado por los pagos «innecesarios» a intermediarios en la adquisición de los 11 buques de GNL.
El Contexto del Caso y las Pericias
La causa, impulsada originalmente por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, se centró en la gestión de compras de gas. Durante la investigación, una pericia inicial arrojó un supuesto sobreprecio de casi 7 mil millones de dólares, aunque posteriormente fue desacreditada y su autor fue denunciado penalmente.
Pese a la controversia y a un segundo peritaje que determinó que se habían pagado precios de mercado, el tribunal consideró probada la conducta fraudulenta por transgredir la normativa de contratación pública en el manejo de fondos.
Los fundamentos completos del histórico veredicto se darán a conocer el próximo 28 de noviembre, fecha en la que las defensas podrán comenzar el proceso de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal.
