BUENOS AIRES – Con una contundente votación de 172 a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación resolvió dejar sin efecto el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. El resultado de la sesión especial, que se desarrolló en un clima de tensión, no solo restituyó la normativa sino que también expuso profundas fracturas en el esquema de alianzas que venía sosteniendo el oficialismo en el Congreso.
La ley, que había sido previamente aprobada con amplio consenso, garantiza la actualización de aranceles para prestaciones de discapacidad según la inflación y establece una pensión no contributiva equivalente al 70% de la jubilación mínima. El Gobierno había vetado la norma argumentando un supuesto impacto negativo en las cuentas públicas.
A pesar de que, horas antes, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado la intención del Ejecutivo de aumentar las prestaciones a través de una vía alternativa, el mensaje no logró contener a la oposición ni a parte de los aliados. El intento de desactivar la sesión resultó fallido, y la votación confirmó un quiebre con sectores que habían respaldado al oficialismo en otras oportunidades, como facciones del PRO y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).
La sesión, que requería una mayoría calificada de dos tercios para habilitar el debate, evidenció el poder de la oposición, que consiguió la cifra con holgura. La votación mostró el malestar de los gobernadores nucleados en Innovación Federal, quienes aportaron votos clave en una clara señal de disconformidad con la política de distribución de fondos nacionales.
Durante el debate, no faltaron los cruces. El diputado Pablo Juliano (Democracia para Siempre) criticó el veto señalando que el costo de la ley era de apenas el «0,03% del PBI», muy por debajo del 6% que había argumentado el Poder Ejecutivo. En respuesta, el legislador libertario Santiago Santurio defendió la decisión presidencial y acusó a la oposición de «querer prender fuego al país».
La derrota parlamentaria representa un revés significativo para el Gobierno, ya que queda en evidencia que sus antiguos aliados no están dispuestos a seguir una disciplina de bloque en temas sociales sensibles y en las discusiones sobre los fondos provinciales.
