BUENOS AIRES – El Gobierno Nacional formalizó hoy una desregulación profunda del mercado de la yerba mate al modificar radicalmente el rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). La medida, dispuesta a través del Decreto 812/2025 publicado este martes 18 de noviembre en el Boletín Oficial, elimina las facultades del organismo para intervenir en la formación de precios y regular parte de la cadena productiva.
Fin de los Precios Mínimos
El cambio normativo prohíbe al INYM dictar normas o aplicar cualquier mecanismo que implique una intervención en el mercado, la distorsión de precios o la interferencia en la libre interacción entre oferta y demanda.
La consecuencia más inmediata y significativa es el final del esquema de precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada, una herramienta vital que históricamente buscó proteger a los pequeños y medianos productores de las provincias de Misiones y Corrientes.
La Secretaría de Agricultura indicó que el nuevo marco legal «libera la formación de precios en la fase primaria», quedando ahora en manos de las industrias y el mercado la definición de cuánto se paga por la materia prima y cómo ese valor se traslada al consumidor.
Nuevo Rol del INYM: Promoción y Calidad
Si bien el INYM continuará existiendo, su función quedará acotada a tareas de promoción y control de calidad de la yerba mate, perdiendo su capacidad de intervención económica directa. El Instituto, creado por la Ley 25.564, deberá adecuar su normativa interna en un plazo de 30 días, según lo establece el decreto. La medida también incluyó la derogación de artículos del viejo Decreto Reglamentario 1240/2002 que le otorgaban poder regulatorio.
️ Alerta en Provincias Productoras
La decisión generó una reacción inmediata y de preocupación en las provincias productoras, particularmente en Misiones. Gobernadores y referentes del sector yerbatero alertaron sobre el riesgo de que el productor primario reciba una porción aún menor del precio final, en un contexto donde ya existe una alta concentración en el sector.
Además, advierten sobre la posibilidad de que la liberación total de precios genere ajustes o subas en el mediano plazo para el consumidor final. El Gobierno, por su parte, sostiene que el objetivo de la desregulación es favorecer la competencia, aunque el impacto real en la cadena y en la góndola se observará en los próximos meses.
