El organismo provincial intensificó las inspecciones tras recibir numerosas denuncias por falta de residencia permanente. Ya revocaron unas 40 casas en primera instancia. Los medidores de luz y agua con «consumo cero» son la prueba clave para detectar los engaños de los adjudicatarios.
SAN JUAN – En un contexto donde la necesidad de techo propio sigue siendo una de las demandas sociales más urgentes, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) decidió ir a fondo contra las irregularidades. El organismo confirmó que intensificó los controles sobre las casas adjudicadas que no son habitadas por sus beneficiarios y detalló que actualmente investigan entre 300 y 400 viviendas bajo sospecha de violar la obligatoriedad de residencia permanente.
La directora del IPV, Elina Peralta, explicó que este universo de casos sospechosos surgió gracias a las denuncias vecinales y a las tareas de seguimiento de equipos técnicos creados específicamente para combatir esta problemática. Hasta el momento, el organismo ya avanzó sobre más de un centenar de expedientes y alrededor de 40 viviendas fueron revocadas en primera instancia, iniciando el camino legal para que los inmuebles regresen a manos del Estado.
Las mentiras de los infractores y la «prueba reina» del medidor
Uno de los mayores dolores de cabeza para los inspectores es demostrar fehacientemente que la casa no funciona como la residencia habitual de la familia adjudicada. Para intentar engañar al IPV, muchos beneficiarios montan verdaderas puestas en escena: colocan algunos muebles, sacan fotografías estratégicas o realizan pequeñas ampliaciones edilicias para aparentar que el lugar está ocupado.
Sin embargo, los inspectores cuentan con un recurso que destruye cualquier coartada: el cruce de datos con los registros de consumo de los servicios públicos.
Consumo cero: La funcionaria provincial ejemplificó que se topan a diario con propiedades que parecen perfectamente habitadas por fuera, pero que al auditar las empresas de energía y agua se descubre la estafa. “El medidor tiene cero consumo”, graficó Peralta sobre la maniobra más habitual.
La urgencia de cambiar las leyes ante una demanda de 100.000 sanjuaninos
Actualmente, los procesos de desadjudicación suelen volverse lentos y tediosos debido a los plazos de la Justicia y al legítimo derecho de defensa y descargo que poseen los titulares. Ante este escenario, desde la conducción del IPV consideran imperativo avanzar en una reforma legislativa provincial que acelere los tiempos de resolución y otorgue herramientas más ágiles para recuperar las unidades.
La meta final es transparente: recuperar cada casa que permanezca cerrada con candado para reincorporarla de inmediato a los futuros sorteos públicos. Peralta concluyó recordando una cifra que expone la gravedad de mantener inmuebles deshabitados de forma especulativa: hoy existen cerca de 100.000 sanjuaninos en lista de espera para acceder a un techo propio.
