BUENOS AIRES — El Senado de la Nación sesionará mañana, jueves, a partir de las 11 de la mañana con una agenda cargada de temas que incluyen desde el financiamiento de las universidades hasta la emergencia en pediatría y una serie de controvertidos decretos delegados. La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas con fuentes legislativas.
El encuentro, acordado este miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria, tuvo como anfitriona a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ha mantenido un perfil bajo tras los recientes conflictos con el presidente Javier Milei.
Aunque el tema de la emergencia en discapacidad fue rechazado por la Cámara de Diputados, su tratamiento en el Senado deberá esperar, ya que la presidencia de Diputados aún debe comunicar la decisión, impidiendo su debate mañana.
Los decretos delegados que reestructuran organismos de Estado
Uno de los puntos centrales del debate serán los decretos delegados que proponen una profunda reestructuración de varios organismos clave. Entre ellos se destacan la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que pasarían a ser organismos desconcentrados.
El INTA, que quedaría bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, ha sido señalado por el Gobierno por un “notorio sobredimensionamiento de su estructura”, con un total de 932 cargos jerárquicos. La justificación se apoya en informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que apuntan a “deficiencias sustantivas” en su funcionamiento.
Por su parte, el INTI se convertiría en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria. En este caso, el Gobierno cuestionó que el 30% de sus recursos humanos estén dedicados al área de administración, una cifra considerada “muy por encima de los estándares habituales”.
Disolución de Vialidad y Seguridad Vial
Además de estos cambios, los decretos proponen la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo con más de 60 años de historia. La Casa Rosada argumenta que su estructura “no se ajusta a las necesidades actuales”, lo que se refleja en “altos costos operativos” y falta de agilidad. Se menciona una “desproporción” entre el personal administrativo y el operativo, señalando una mayor eficiencia en los tramos concesionados a privados. Las tareas esenciales de Vialidad serían reasignadas a unidades dentro del Ministerio de Economía.
En la misma línea, se busca disolver la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el objetivo de “reducir el gasto público”. Se justifica la medida argumentando que la Gendarmería Nacional ya cuenta con la capacidad para realizar el control en las rutas. Las competencias de la ANSV se transferirían a la Secretaría de Transporte, mientras que el control de infracciones en rutas quedaría exclusivamente en manos de Gendarmería.
Finalmente, también se reestructurarían la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), que cambiaría su nombre a “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, limitando sus competencias exclusivamente al sector aéreo.
