Un juez federal de Campana hizo lugar a un amparo presentado por una familia y consideró que el veto presidencial a la ley 27.793 «es un caso de clara discriminación» que desconoce los derechos de niños y personas con discapacidad.
Un duro revés judicial para el Gobierno Nacional. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inconstitucional el veto del presidente Javier Milei a la ley 27.793 de emergencia en Discapacidad. La decisión del magistrado surge a partir de una acción de amparo presentada por una familia con dos hijos menores con discapacidad.
En su fallo, González Charvay fue contundente y alegó que «el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias». Sostuvo, además, que las personas afectadas por la medida se encuentran en una situación de «múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad», por lo que sus derechos merecen una protección especial, amparada en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional y en tratados internacionales con jerarquía constitucional.
El Ejecutivo había argumentado que la ley implicaba un gasto adicional de más de 7 billones de pesos para 2025 sin una fuente de financiamiento, lo que atentaba contra su plan de «equilibrio fiscal innegociable» derivado del «Pacto de Mayo».
Sin embargo, el magistrado consideró que esta motivación era «aparente y falaz». Señaló que la fundamentación del veto desconocía las facultades de reasignación presupuestaria del Jefe de Gabinete y que «una política pública no puede contradecir obligaciones constitucionales y convencionales». El juez concluyó que el veto resulta en una «clara discriminación a personas con discapacidad» y que la interrupción «abrupta de los procesos educativos y terapéuticos» compromete severamente el desarrollo de los menores.
Antes de ser vetada por el Presidente, la ley había sido sancionada en el Congreso con el objetivo de fortalecer el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, un sector que venía reclamando por la falta de actualización en los valores que perciben sus prestadores. La sentencia no es definitiva y el Gobierno Nacional podrá apelar la medida.
