La iniciativa impulsada por el Gobierno busca atraer dólares no declarados al circuito formal. Prohíbe el acceso a funcionarios públicos de los últimos cinco años y establece que el fisco solo investigará discrepancias superiores a los $5 millones.

El nuevo proyecto de Inocencia Fiscal introduce modificaciones sustanciales en el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias con el objetivo de incentivar el ingreso de divisas no declaradas al sistema financiero. La medida, que apunta a los contribuyentes de mayores ingresos, busca eliminar las trabas burocráticas y los límites de escala que regían para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.

El esquema formaliza un marco de mayor flexibilidad operativa gestionado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al tiempo que fija restricciones éticas para el acceso a sus beneficios.

Puntos clave de la reforma impositiva

El texto establece parámetros cuantitativos para la adhesión al régimen y el juzgamiento de inconsistencias por parte del organismo recaudador:

• Eliminación de topes de acceso: Se suprimen los límites máximos de ingresos y de patrimonio —fijados anteriormente en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente— para permitir el ingreso de grandes contribuyentes.

• Criterio de discrepancia significativa: ARCA solo podrá impugnar una declaración simplificada cuando la diferencia detectada represente un aumento del impuesto o reducción de quebrantos de al menos el 15%.

• Piso mínimo de fiscalización: Se añade una cláusula por la cual el organismo fiscalizadores únicamente iniciará investigaciones si la diferencia supera el monto de $5 millones. Si el desfase es menor a esa cifra, el contribuyente no será sancionado aunque el porcentaje exceda el 20%.

• Exclusión de funcionarios: Queda prohibida la adhesión al régimen para funcionarios públicos en ejercicio y para aquellos que hayan desempeñado cargos en los últimos cinco años.

• Bancarización y multas: Se exige la bancarización de las operaciones (permitiendo la compraventa inmobiliaria en efectivo hasta 2027) y se aplican reducciones en las escalas de multas para quienes se acojan al sistema.