San Juan, 17 de octubre de 2025 – La causa por el brutal asesinato de Emir Barboza, el niño de siete años ultimado en el barrio Valle Grande, sumó un nuevo y controversial capítulo judicial este viernes con la audiencia de formalización. A pesar de la solicitud del Ministerio Público Fiscal, la jueza Mabel Moya resolvió reducir significativamente los plazos de prisión preventiva e investigación penal preparatoria para los imputados.
Los acusados formalmente en la jornada de hoy son Cristian Daniel Guajardo, Alan Juan Bazán, Gonzalo José David Santander, Dante Emanuel Carrizo, Hernán Ariel Carrizo y Jonathan Javier Carrizo. Con la reciente entrega de la última persona que permanecía prófuga, ya son ocho los involucrados en el expediente: siete adultos y un menor.
Fiscal Solicitó Dos Años, Jueza Otorgó Seis Meses
Durante la audiencia, el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, había solicitado a la magistrada dos años de investigación penal preparatoria y, consecuentemente, dos años de prisión preventiva para los detenidos. Grassi argumentó la necesidad de este plazo basándose en la «complejidad del caso», la «cantidad de imputados» y la «numerosa cantidad de pruebas periciales que aún deben realizarse» para esclarecer completamente el hecho que conmocionó a la provincia.
Sin embargo, la jueza Mabel Moya no compartió la postura de la Fiscalía, considerando que el tiempo solicitado era «excesivo». En su resolución, la magistrada dispuso un plazo de un año para la investigación penal preparatoria y redujo la prisión preventiva a tan solo seis meses. Además, ordenó que todos los imputados permanezcan alojados en el Penal de Chimbas.
Defensas Rechazan Prisión Domiciliaria
Los abogados defensores, como Jorge Antonio Olivera Legleu, no se opusieron a la formalización de la causa, pero sí cuestionaron el plazo de dos años propuesto por el fiscal Grassi. «Lo más razonable sería un año de investigación, y si luego la fiscalía considera necesario extenderlo, puede pedir una prórroga”, sostuvo el letrado, en una postura que se alineó con la decisión final de la jueza respecto al tiempo de investigación.
Por otra parte, varios defensores solicitaron que sus clientes pudieran acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando que son padres y sostén de familia. No obstante, ese pedido fue rechazado por la jueza Moya.
Con esta decisión, la causa por el crimen de Emir Barboza continuará su curso con un esquema procesal más acotado temporalmente al propuesto por la fiscalía, en un expediente que sigue bajo la lupa pública por la brutalidad del hecho y la gran cantidad de personas involucradas.
