ASUNCIÓN – El presidente renunciante de Paraguay, Santiago Peña, presentó una solicitud formal ante el Congreso para posponer por 72 horas su comparecencia en el juicio político en su contra. Peña argumentó que el plazo otorgado por la Cámara Alta —inferior a 12 horas— es «insuficiente» para garantizar el derecho a la defensa y los estándares del debido proceso en un Estado de derecho.

La nota fue dirigida al titular del Congreso paraguayo, Basilio “Bachi” Núñez, a pocas horas de la convocatoria fijada para este viernes a las 10:00.

Cuestionamientos al plazo y volumen de la acusación

En el escrito formal, Peña detalló que la notificación oficial (Nº 4217) le fue entregada a las 22:15 del 5 de noviembre, acompañada por un libelo acusatorio de 15 páginas y anexos que superan las 300 fojas.

El mandatario saliente remarcó que las exigencias del debido proceso deben aplicarse en todo procedimiento sancionatorio:

«Claramente al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido proceso, entre ellos, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa. Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho», sostuvo en el documento.

Por este motivo, solicitó extender el margen de tiempo a 72 horas para analizar las pruebas presentadas en su contra y armar su estrategia legal.

Frente judicial y hermetismo sobre su paradero

La situación institucional de Peña se da en un contexto de creciente presión judicial, luego de que el fiscal general de Paraguay abriera tres causas penales paralelas en su contra.

Mientras la Cámara de Senadores evalúa el pedido de prórroga, reina el hermetismo respecto a la localización del presidente renunciante. Pese a que cronistas y guardias periodísticas se apostaron frente a su residencia particular en Asunción, hasta el momento el dirigente no ha realizado apariciones públicas.