El pedido surge tras confirmarse que el mandatario venezolano se encontraría bajo custodia en territorio estadounidense. El exhorto se basa en el principio de Justicia Universal y el tratado bilateral vigente desde 1997.
BUENOS AIRES – En un movimiento judicial sin precedentes, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 ordenó este miércoles el envío de un exhorto internacional a los Estados Unidos. El objetivo es claro: obtener la extradición de Nicolás Maduro Moros para que rinda cuentas ante los tribunales argentinos por graves violaciones a los derechos humanos.
Fundamentos del pedido
La resolución, firmada en el marco de la causa CFP 2001/2023, se produce tras reportes que indican que Maduro «habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América».
Bajo esta premisa, la Justicia local activó el mecanismo previsto en el Tratado de Extradición de 1997 entre Argentina y EE. UU. El juzgado ha solicitado la «urgente traducción» del documento y ha dado intervención a la Cancillería y a la división Interpol de la Policía Federal para dar seguimiento al trámite.
El camino de la causa: Justicia Universal
El expediente no es nuevo, pero ha cobrado un impulso irreversible. La decisión ejecuta una orden de la Sala I de la Cámara Federal, que ya en septiembre de 2024 había dispuesto la detención e indagatoria de Maduro.
La base legal de este proceso es el Principio de Justicia Universal, una doctrina que permite a la Argentina investigar delitos atroces (torturas, asesinatos y persecución política) cometidos fuera de sus fronteras. La Cámara Federal determinó que:
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En Venezuela no existen garantías judiciales para investigar al régimen.
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El Poder Judicial venezolano es funcional al Ejecutivo, asegurando la impunidad.
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La Argentina tiene la facultad —y el deber— de intervenir ante crímenes que afectan a la humanidad en su conjunto.
Origen de la denuncia
La causa fue impulsada por el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación Internacional para la Libertad. El expediente cuenta con testimonios clave de víctimas del aparato represivo operado por el SEBIN y la DGCIM que residen actualmente en nuestro país.
Dato Clave: La resolución del 15 de enero de 2026 ratificó el mandato de detención, lo que obligó al juez de primera instancia a formalizar el pedido de extradición apenas se tuvo noticia del paradero de Maduro en suelo estadounidense.
