BUENOS AIRES – El empresario Lázaro Báez enfrenta un nuevo revés judicial con la ejecución de su patrimonio para cubrir una multa de U$S 330 millones, impuesta tras su condena en la causa conocida como la «Ruta del Dinero K». El juez federal Néstor Costabel, a cargo de la ejecución de la pena, ya confiscó medio centenar de propiedades y casi US 55 millones**, correspondiente al dinero lavado. Ahora, el foco se pone en la multa, que es seis veces el monto original del ilícito.
Según el fallo del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), Báez fue el eslabón clave en una estructura que, entre 2010 y 2013, lavó U$S 55 millones procedentes de evasión fiscal. Para ello, utilizó su firma insignia, Austral Construcciones, que desde 2003 se benefició de la obra pública vial y desvió parte de esos fondos a operaciones de blanqueo.
Decomiso y multas: los pasos de la ejecución
La sentencia judicial estableció dos tipos de resarcimiento: el decomiso y la multa. El decomiso, que busca reparar el daño, se aplica de forma solidaria entre todos los acusados y ya se cobró. La multa, en cambio, es una pena individual que ahora se le exige a Báez.
El juez Costabel intimará a Báez a pagar la millonaria suma. Si el empresario se niega, la Justicia procederá con la ejecución de sus bienes e ingresos, que ya se encuentran embargados. La medida se ampara en el artículo 21 del Código Penal. En un escenario extremo y poco probable, si no se pudieran ejecutar los bienes, la multa podría convertirse en días de prisión.
El vasto patrimonio de Báez, valuado en 2016 en más de U$S 205 millones, incluye más de 1.400 bienes, entre los que se cuentan 440 inmuebles y 972 vehículos y maquinarias viales. Estas propiedades están distribuidas en diversas provincias como Santa Cruz, Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco y Santiago del Estero, además de la Ciudad de Buenos Aires. El magistrado irá por todos los activos registrados a nombre de Báez y de Austral Construcciones para asegurar el cobro de la multa.
