Alejandro Patricio Maraniello, el juez federal civil y comercial que ordenó prohibir la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, se encuentra en el centro de una controversia. El magistrado tiene nueve denuncias en curso en el Consejo de la Magistratura, cinco de las cuales son por acoso sexual a empleadas de su juzgado.
La medida cautelar dictada por Maraniello este lunes impide a cualquier medio o plataforma difundir grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada, con el argumento de proteger la «privacidad institucional». El fallo ha sido bien recibido por el oficialismo, con el vocero presidencial Manuel Adorni celebrando que la Justicia haya reconocido una «violación grave a la privacidad».
Sin embargo, el contexto del fallo ha generado críticas. Fuentes judiciales y medios de comunicación han cuestionado la ética de un juez con denuncias de acoso sexual dictando una medida de alto impacto político que favorece al gobierno en plena campaña electoral.
La decisión de Maraniello también ha sido calificada como un acto de censura previa por parte de sectores de la prensa y referentes políticos, que argumentan que obstaculiza la libertad de prensa y el derecho a la información. El fallo, dictado en tiempo récord, ha avivado el debate sobre la independencia del Poder Judicial y el equilibrio entre la protección institucional y las garantías democráticas.
Mientras el juez Maraniello deberá responder por las denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura, la polémica sobre su fallo continúa, reavivando las tensiones sobre la transparencia judicial en un momento político crucial.
