El Ejecutivo diseña un esquema para reducir gradualmente la planta pública, que hoy ronda los 50.000 agentes. La estrategia oficial busca coordinar los retiros con el despegue de grandes proyectos mineros como Vicuña para traspasar trabajadores al sector privado.
Por: Redacción Política
El Gobierno de San Juan puso en marcha el diseño técnico de una reforma estructural en la matriz laboral del Estado. La gestión provincial avanza firmemente en la elaboración de un plan de retiros voluntarios destinado a los empleados públicos, con la firme intención oficial de lanzarlo al mercado hacia fines de este año 2026. La fecha elegida no es azarosa: el Ejecutivo espera que para ese momento las inversiones del sector minero comiencen a traccionar con fuerza en la economía local, generando una absorción genuina de mano de obra.
La iniciativa busca dar respuesta al marcado sobredimensionamiento de la estructura estatal sanjuanina. Según datos oficiales que maneja la Casa de Gobierno, la planta de trabajadores públicos experimentó un crecimiento exponencial en el último tiempo, pasando de 36.000 agentes en 2019 a cerca de 50.000 en 2023. Ante este panorama, el oficialismo considera indispensable activar mecanismos que alivien el peso del gasto público y fomenten la migración laboral hacia el ámbito privado.
El «puente» minero y las condiciones del retiro
La pata clave del proyecto radica en el boom minero que se proyecta en la cordillera. Proyectos de envergadura como Vicuña, sumados a las obras de infraestructura complementarias y la consecuente expansión de la cadena de proveedores y servicios, generarán un pico de demanda laboral que el sector privado actual no da abasto a cubrir. El Gobierno sanjuanino pretende que los estatales con perfil emprendedor o técnico aprovechen estas vacantes.
Según fuentes calificadas, el esquema que se está puliendo en los escritorios oficiales contempla los siguientes beneficios para quienes se adhieran voluntariamente:
-
Sostenimiento salarial: Se mantendría un porcentaje elevado de los haberes durante el período restante hasta alcanzar la edad jubilatoria.
-
Protección previsional: El Estado provincial continuaría realizando los aportes jubilatorios correspondientes.
-
Salud asegurada: Se garantizará la continuidad de la cobertura de la obra social de la provincia.
La propuesta técnica guarda una fuerte similitud histórica con el Programa de Empleo Público Acordado (PEPA) aplicado en el año 2003, el cual permitió descomprimir la planta estatal en la post-crisis.
La mirada del oficialismo
El vicegobernador Fabián Martín ratificó el rumbo de la medida y fue tajante respecto al diagnóstico actual del Estado: “Tenemos que entender que en la actividad pública ya no podemos, ya hay muchos empleados, está sobredimensionada en cierta forma y tenemos que buscar otro camino, que es la actividad privada. Las mayores oportunidades van a estar afuera”, sentenció.
Aunque la decisión política ya está tomada por el gobernador Marcelo Orrego, el proyecto aún atraviesa su fase de ingeniería legal y financiera, por lo que en las próximas semanas se terminará de definir la antigüedad mínima requerida para los aspirantes y la letra chica del financiamiento.
