Tony Jenzel Valverde Victoriano amplió su indagatoria ante el juez federal Jorge Rodríguez. Negó haber participado en las ejecuciones de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. Detalló cómo ingresó ilegalmente al país, su vida en la villa Zabaleta y el rol de los otros imputados.
MORÓN, BUENOS AIRES – En un nuevo e importante avance para la investigación de una de las masacres criminales más brutales de los últimos tiempos, Tony Jenzel Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», rompió el silencio. Desde el Complejo Penitenciario de Marcos Paz y a través de una conexión virtual, el imputado amplió su declaración ante el titular del Juzgado Federal N.° 2 de Morón, doctor Jorge Rodríguez, con el objetivo de despegarse de la autoría material del hecho, aportar datos sobre la trama de la organización y pedir disculpas públicas a las familias de las víctimas.
Valverde Victoriano está formalmente procesado como uno de los presuntos coautores del triple homicidio de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), cuyos cuerpos fueron hallados con heridas de arma de fuego en una vivienda de la localidad bonaerense de Florencio Varela el pasado mes de septiembre.
De la fascinación por Messi al trabajo en la Zabaleta
Durante su exposición de varias horas —a cuyo contenido detallado accedió la Agencia Noticias Argentinas—, «Pequeño J» describió el itinerario que recorrió desde su desembarco en el país. Relató que ingresó de forma ilegal a la Argentina en octubre de 2024 cruzando la frontera desde Bolivia hacia la provincia de Jujuy, para luego trasladarse en un micro de larga distancia hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Las razones del arraigo: Al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a elegir el país, el imputado ensayó una llamativa justificación cultural y gastronómica: afirmó haber tomado la decisión atraído por el fanatismo hacia la Selección Argentina de fútbol y Lionel Messi, sumado al deseo de conocer el Obelisco y consumir comidas típicas como el asado, el locro y los ñoquis.
Al arribar a la Terminal de Ómnibus de Retiro y no contar con sustento habitacional, un conocido le sugirió buscar alojamiento en el barrio Zabaleta. Allí comenzó a ganarse la vida como vendedor ambulante de indumentaria, abasteciéndose con mercadería y chalinas adquiridas en el complejo ferial de La Salada.
Sin embargo, a principios de 2025 su situación cambió radicalmente al cruzarse de manera casual con Miguel Ángel Villanueva (alias “Julio”, “Gonzalo” o “Gato”), un presunto eslabón jerárquico del narcotráfico a quien ya conocía de su ciudad natal, Trujillo (Perú). Villanueva le ofreció empleo como colaborador logístico, introduciéndolo en un círculo donde también reportaba otra de las principales acusadas de la causa, una mujer identificada como Celeste, quien pasó de empleada a pareja del jefe.
La trampa de las «fiestas» y la preparación de la escena
El imputado pormenorizó cómo fue el proceso de acercamiento hacia las jóvenes asesinadas. Manifestó que el 6 de septiembre de 2025, por orden estricta de Villanueva, tuvo que trasladarse al barrio porteño de Flores junto a un sujeto apodado “El Gordo” con la misión de «buscar chicas». En esa oportunidad conoció a Morena y a Lara, un encuentro que se reiteró bajo la misma modalidad una semana después en un boliche de la zona, bajo la promesa de asistir a una supuesta «fiesta» privada.
El relato se vuelve sombrío al describir los movimientos del 18 de septiembre, las horas previas a las ejecuciones. «Pequeño J» aseguró que Villanueva lo convocó de urgencia para recibir a un grupo de personas en la localidad de Quilmes y trasladarlas hacia la propiedad de Florencio Varela. Una vez allí, presenció una conversación técnica de los organizadores que hoy cobra un cariz criminal:
-
Ocultamiento de bultos: Escuchó cuando “El Gordo” le indicó a Villanueva que colocarían «las cosas» a un costado de la parrilla del patio.
-
Contención acústica: Los sospechosos coordinaron la instalación de dos parlantes con música a elevado volumen y, ante el temor de que los vecinos protestaran, tanto Villanueva como Celeste le aseguraron que la situación estaba bajo control y que nadie intervendría.
La noche del crimen, Street Fighter y un «fierro» rechazado
Respecto al 19 de septiembre, fecha en la que se perpetró la masacre, Valverde Victoriano intentó estructurar una coartada sólida para distanciarse del living de los fusilamientos. Afirmó que durante el día acompañó a «El Gordo» a un garaje para concretar la compra de un automóvil y que, al caer la noche, se recluyó en su propio domicilio. Sostuvo que cenó pollo comprado en un comercio gastronómico peruano, se puso a jugar al videojuego Street Fighter y se acostó a dormir temprano.
Según su versión, la tranquilidad se interrumpió durante la madrugada del sábado 20, cuando ingresaron a su vivienda los otros dos imputados, conocidos como «Nero» y Matías Osorio (alias «Mateo»). Este último presentaba la particularidad de tener toda su vestimenta completamente mojada, por lo que procedió a higienizarse y cambiarse de ropa en el lugar.
El imputado confesó ante el magistrado que, en ese preciso momento, Osorio le exhibió un arma de fuego («un fierro») y le imploró que se la escondiera en la casa de su novia, Micaela. «Pequeño J» aseveró haberse negado al pedido para «no tener problemas», aunque pocas horas después, al encender la televisión y ver su nombre y rostro en los canales de noticias como uno de los prófugos del triple crimen, el pánico modificó sus planes de manera drástica.
Cruce en bote, bolsos quemados y detención en Perú
Al verse acorralado por la difusión mediática, Valverde Victoriano coordinó una huida inmediata junto a Matías Osorio. Ambos abordaron un remís de confianza desde la localidad de José C. Paz con destino directo a la localidad salteña de Bermejo, punto geográfico donde cruzaron la frontera internacional hacia Bolivia a bordo de un bote.
Antes de perder señal telefónica en territorio extranjero, el acusado reconoció haberle enviado un mensaje de texto de carácter urgente a su pareja, Micaela, con dos directivas de encubrimiento explícitas: “Está la pistola; escondela en el colchón y la maleta de tu tío, quemala”.
Tras atravesar Bolivia, los prófugos ingresaron a Perú. Al llegar, «Pequeño J» le prohibió a Osorio ocultarse en la vivienda de su madre debido a la gravedad de los hechos informados desde Argentina. Con el fin de llegar a la capital de su país de origen, Valverde Victoriano contactó a un conductor de camiones de carga pesada a quien le abonó la suma de 300 dólares para que lo trasladara oculto hacia Lima. No obstante, el periplo concluyó a fines de septiembre, cuando fue interceptado y arrestado por las fuerzas policiales peruanas en la ciudad balnearia de Pucusana.
Por expresa recomendación de su defensa técnica en el país incaico, el imputado optó por acogerse al régimen de extradición pasiva. «Las cosas en Argentina estaban calientes y temía que me hicieran daño en la cárcel», justificó sobre su permanencia de siete meses en el penal peruano de Cañete, hasta que finalmente se efectivizó su traslado a Buenos Aires a comienzos de este mes de mayo.
Un pedido de disculpas y la defensa de sus tíos
En el epílogo de su declaración testimonial ante el juez Rodríguez, el acusado solicitó formalmente dejar asentado un mensaje dirigido de manera directa a los familiares de las tres adolescentes asesinadas. Manifestó lamentar profundamente las pérdidas de las vidas humanas y aseguró empatizar con el dolor del duelo debido a que él también sufrió el fallecimiento de seres cercanos, aunque reiteró de forma taxativa su ajenidad respecto a la autoría de los disparos: «Yo soy inocente», remarcó.
Finalmente, aprovechó la instancia judicial para intentar desvincular de la causa a dos familiares directos, sus tíos Manuel David Valverde Rodríguez y Luis Alan Valverde Rodríguez, quienes también se encuentran bajo la lupa de la justicia federal. El imputado alegó que ambos sufren una «acusación injusta» que se originó por un error material: explicó que los investigadores hallaron los documentos de identidad de sus tíos en la vivienda allanada debido a que los mismos habían quedado guardados allí de forma transitoria, luego de que ambos familiares realizaran un viaje hacia la República Oriental del Uruguay para tramitar sus correspondientes certificados de residencia legal. La Justicia evalúa ahora la veracidad de los datos aportados para definir las próximas prisiones preventivas.



