Los gobernadores de todo el arco político han activado un «grupo de WhatsApp» y una estrategia unificada para hacer frente a lo que describen como un «ahorcamiento» financiero por parte de la Casa Rosada. Hartos de promesas incumplidas, la escasez de fondos y un diálogo infructuoso, los mandatarios provinciales intensifican la presión y amenazan con la presentación de proyectos de ley en el Congreso que, de aprobarse, dejarían al Gobierno sin margen de veto.
La preocupación central de los jefes provinciales radica en las transferencias de fondos y la discrecionalidad en el reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN). Días atrás, la totalidad de los gobernadores, reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), consensuaron lo que podría convertirse en un proyecto de ley clave: la modificación del modelo de distribución del componente para obras viales del impuesto al combustible y la forma de distribuir los ATN. Esta iniciativa busca romper el «cerco» impuesto por la administración nacional a las provincias. El proyecto, que aún no ha ingresado al Senado, está siendo redactado por el bloque de Unión por la Patria a la espera de la «luz verde» de los gobernadores.
Tarifa Eléctrica Diferencial para el Norte: Un Nuevo Frente
A esta embestida se suma una nueva movida impulsada por un grupo de gobernadores del centro-norte del país. Planean avanzar con un proyecto de ley para establecer tarifas eléctricas diferenciales durante el verano, un esquema similar al de la «zona fría» que beneficia con descuentos en las tarifas de gas a usuarios residenciales del sur argentino durante el invierno.
La iniciativa, respaldada por unos 13 gobernadores de provincias como Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, además de algunos departamentos de Córdoba y Santa Fe, busca aliviar el impacto del alto consumo energético en meses de temperaturas extremas. El proyecto propone financiar esta reducción a través de un cargo adicional en las boletas del resto del país, aplicable durante diciembre, enero, febrero y marzo.
Malestar en Casa Rosada y un Escenario Complicado en el Congreso
Ambos proyectos generan un profundo malestar en la Casa Rosada, ya que implicarían una readecuación de los ingresos nacionales y, en el caso de la tarifa eléctrica, un aumento del costo para el resto de los usuarios. Más allá del impacto económico, la preocupación del Ejecutivo radica en la «encerrona» política: los gobernadores cuentan con los votos suficientes en ambas cámaras no solo para aprobar estas iniciativas, sino también para insistir en el recinto en caso de un veto presidencial.
«Todo está sobre la mesa y todo forma parte de la negociación», señaló un gobernador que participó del encuentro del CFI. «Las provincias estamos muy ahogadas, no tenemos fondos y las promesas del Gobierno se incumplieron. Guillermo Francos (jefe de Gabinete) ayer dijo que tenían 68 obras en rutas y que ya se lleva devengados más de 100 mil millones de pesos, esto es realmente insuficiente. Todos los distritos tenemos problemas con las rutas nacionales y se están ‘comiendo’ los impuestos que son nuestros, entonces no pueden decir que estamos afectando el superávit».
Los gobernadores del norte, que no es la primera vez que reclaman por las tarifas eléctricas, enfatizan la necesidad de energía más barata para sostener la producción, especialmente por el uso de riego intensivo ante las altas temperaturas. «No puede ser que nosotros generamos la energía y cuando vuelve nos sale más caro», expresó un mandatario norteño.
Los jefes provinciales buscan avanzar rápidamente para evitar quedar entrampados en las internas de cara a las elecciones de medio término. El Gobierno nacional , por su parte, se muestra reacio a ceder y apuesta a estrategias parlamentarias para retrasar cualquier discusión, como la dilación en el llamado a las comisiones de Presupuesto que controla en ambas cámaras.
El panorama para el oficialismo en el Congreso se complica aún más, dado que en el Senado ya existen proyectos con media sanción que el presidente Milei ha anticipado que vetará, incluyendo un aumento del 7,2% para las jubilaciones, la reapertura de la moratoria jubilatoria y una ley de emergencia en discapacidad. La puja entre el Ejecutivo y las provincias escalará en los próximos días.
