La Justicia Federal puso la lupa sobre el dinero generado por la Selección Argentina en el exterior. Sospechan que fondos de amistosos y contratos de Adidas terminaron en cuentas vinculadas a dirigentes y empresarios, eludiendo a los clubes.
LOMAS DE ZAMORA – Mientras la Selección Argentina brilla en lo deportivo, una sombra judicial se extiende sobre la gestión de sus ingresos. El juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona dirigen una investigación que busca determinar el destino de 50 millones de dólares que, según la sospecha inicial, fueron sustraídos del patrimonio de la AFA mediante una compleja ingeniería financiera.
El «triángulo» del dinero: De AFA Play a sociedades LLC
La causa reconstruye un flujo de fondos internacionales que alcanza los US$260 millones totales, administrados por la firma TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni. Sin embargo, la Justicia detectó que una parte sustancial de ese dinero —unos US$50 millones— se fragmentó en transferencias a sociedades en el exterior (principalmente en EE. UU.) sin actividad económica real.
Las firmas bajo sospecha y los montos detectados:
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Velpasalt Global LLC: US$14,7 millones
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Marmasch LLC: US$13,4 millones
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Soagu Services LLC: US$10,8 millones
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Dicetel: US$4,8 millones
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Velp LLC: US$3 millones
Estos fondos provendrían de contratos estratégicos como el de Adidas, los partidos amistosos de la Scaloneta y los derechos de la plataforma AFA Play.
La conexión local: El Banco Coinag y el Club Banfield
La estrategia de la fiscalía es «en pinzas»: mientras rastrea los activos en el exterior, la Justicia ordenó auditar al Banco Coinag y realizar un peritaje integral sobre el patrimonio del Club Atlético Banfield y su fideicomiso.
Los investigadores sospechan que parte del dinero desviado pudo haber reingresado al país para financiar gastos personales de dirigentes o estructuras operativas de clubes específicos, utilizando documentación apócrifa. De hecho, ya se acreditó en el expediente que una certificación contable falsa fue utilizada para la compra de vehículos.
Los tres frentes de la fiscal Incardona
Para desentramar la red, la Justicia avanzará en tres direcciones técnicas:
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Rastreo Internacional (Asset Tracing): Exhortos a EE. UU. (Delaware y Florida) para identificar a los dueños reales de las firmas LLC.
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Peritaje Digital: Análisis de dispositivos para hallar a los responsables de la confección de documentos contables falsos.
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Auditoría de Balances: Cruce de datos entre los contratos internacionales y lo declarado ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
La carátula: El caso se encuadra inicialmente como administración fraudulenta (Art. 173, inc. 7 del Código Penal), pero de confirmarse el origen ilícito y la falsificación de documentos, la imputación podría escalar a lavado de activos, con penas significativamente mayores.
