Mediante un decreto publicado hoy, la administración nacional eliminó la obligación de que las instituciones informen cuotas con antelación y obtengan el aval del Estado. Es el fin de un régimen de control que duró más de 30 años.
El Gobierno Nacional dio un paso trascendental en la política educativa y económica al derogar la norma que regulaba los aranceles de los colegios privados. A partir de la publicación del Decreto 787/2025 este martes en el Boletín Oficial, las instituciones de gestión privada gozarán de una libertad casi total para fijar los valores de sus cuotas y matrículas.
Se Cae la Obligación de Control Estatal
La desregulación pone fin al régimen de control arancelario que había estado vigente por más de tres décadas. Específicamente, se derogó el Decreto 2417/1993, que imponía a los establecimientos la obligación de:
- Notificar a las familias, con anticipación, el importe exacto de la matrícula y las cuotas.
- Informar la forma, plazo de pago y los recargos aplicables por atrasos.
- Contar con el aval o permiso del Estado para implementar dichos aumentos.
Con esta decisión, las instituciones ya no tendrán que informar los valores de las cuotas con la antelación y la rigidez que establecía la norma anterior.
Los Argumentos del Poder Ejecutivo
En el texto oficial, el Gobierno explicó que la eliminación de la normativa se basa en la necesidad de «adecuarlo al esquema actual de distribución de funciones».
Se argumenta que la norma de 1993 «presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país».
Además, la justificación oficial se centró en el principio federal. Según el decreto, el antiguo régimen se dictó cuando la administración educativa recaía directamente en el Gobierno Nacional. La transferencia de esta competencia a las provincias hace que el control arancelario centralizado ya no sea coherente con la organización constitucional vigente.
La medida abre interrogantes sobre el futuro inmediato de los precios en el sector y la capacidad de las familias para afrontar los costos, lo que promete generar un fuerte debate entre cámaras educativas y asociaciones de consumidores.
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