A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 49/2026, el Gobierno de Javier Milei oficializó este martes la extensión de la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida pone el foco en el transporte y distribución de gas natural, buscando blindar el abastecimiento para los próximos dos inviernos.
El factor Vaca Muerta y el «cuello de botella»
A pesar del potencial de la Cuenca Neuquina, el Ejecutivo reconoció en el decreto que la infraestructura actual es insuficiente para trasladar el gas de Vaca Muerta hacia los grandes centros de consumo como el AMBA y el Litoral.
Según los considerandos de la norma, las obras de ampliación críticas «recién entrarían en operación en el período invernal de 2027», lo que obliga al país a mantener una fuerte dependencia del Gas Natural Licuado (GNL) importado para evitar cortes en el suministro residencial y eléctrico.
Giro estratégico: el Estado se retira de la importación
La principal novedad del DNU es el cambio en el modelo operativo. El Estado Nacional busca dejar de ser el importador directo a través de ENARSA y delegar esta función en manos privadas.
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Concurso competitivo: La Secretaría de Energía convocará a privados para la importación y regasificación en la terminal de Escobar (la única operativa actualmente).
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Precios máximos: Al tratarse de un monopolio natural (una sola terminal), el Gobierno fijará un «precio máximo» para el mercado interno durante los inviernos de 2026 y 2027. Este tope se calculará según marcadores internacionales más costos logísticos, evitando abusos de posición dominante.
Plan de contingencia: El decreto establece que, si la licitación privada fracasa, ENARSA deberá retomar la responsabilidad de la importación para garantizar que no falte gas en los días de mayor frío.
Las claves de la justificación oficial
El Ejecutivo fundamentó la prórroga de la emergencia bajo tres pilares:
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Insuficiencia de gasoductos: La imposibilidad técnica de evacuar todo el gas necesario desde el sur.
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Seguridad de suministro: Sin los buques metaneros, la demanda de hogares y centrales térmicas quedaría insatisfecha.
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Eficiencia económica: El Gobierno sostiene que la intervención estatal previa ha sido «incapaz de dar una solución eficiente» y ha generado gastos excesivos para el erario público.
