Mediante una alianza entre sectores de derecha y extrema derecha, la Unión Europea avanzó en normativas que permiten devolver solicitantes de asilo a naciones de tránsito. La medida incluye una lista de siete países considerados seguros, entre ellos Colombia, y habilita la creación de centros de detención fuera del bloque.
ESTRASBURGO – En una sesión que marca un giro histórico y polémico, el Parlamento Europeo aprobó este martes un paquete de leyes diseñado para restringir la inmigración y agilizar las deportaciones. El avance legislativo es el resultado de una coalición política que busca responder a la presión social y al ascenso de corrientes nacionales conservadoras en los 27 Estados miembro.
El concepto de «Países Seguros» y las devoluciones
La pieza central de la nueva normativa es la facultad que tendrán los Estados de la Unión Europea (UE) para devolver a solicitantes de asilo a países que no son sus naciones de origen, pero que el bloque ha catalogado como «seguros». Para ello, se oficializó una lista que incluye a:
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América: Colombia.
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África: Egipto, Marruecos y Túnez.
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Asia: Bangladesh e India.
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Europa: Kosovo.
Esta medida busca que las solicitudes de asilo provenientes de estos destinos sean procesadas —y mayoritariamente rechazadas— de manera acelerada, bajo la premisa de que en dichos territorios no existen riesgos generalizados para la integridad de los ciudadanos.
El modelo de «centros de retorno» externos
Inspirados en la experiencia piloto de la Italia de Giorgia Meloni en Albania, los legisladores europeos dieron luz verde a la creación de «centros de retorno» situados fuera del territorio de la Unión.
Además, el nuevo reglamento endurece las consecuencias para quienes no cooperen con su expulsión:
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Sanciones penales: Quienes no abandonen el bloque de forma voluntaria tras una orden de expulsión podrían enfrentar penas de prisión.
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Criterios unificados: Se establecen obligaciones estrictas para los migrantes desde la primera orden de salida.
Críticas y alerta por los Derechos Humanos
La aprobación no estuvo exenta de fuertes tensiones. Organizaciones humanitarias y bloques opositores, como los Verdes y la izquierda europea, denuncian que estas leyes vulneran la Convención de Ginebra de 1951, que prohíbe devolver personas a lugares donde su vida corra peligro.
“Es un nuevo escalón en la deshumanización de la política migratoria europea; la dignidad está siendo pisoteada”, denunció la eurodiputada ecologista Mélissa Camara.
Por su parte, la Comisión Europea defendió el proyecto argumentando que el sistema actual es insostenible y asegurando que se exigirá a los países de la lista «segura» que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de los retornados.
Contexto: el fantasma de 2015
Este endurecimiento es el corolario de una crisis que comenzó en 2015 con la llegada masiva de refugiados sirios. Tras una década de debates internos, el bloque parece haber consolidado una postura de «fronteras cerradas» que ahora espera el aval definitivo de los gobiernos de los 27 Estados miembro para entrar en plena vigencia.
