Buenos Aires, 13 de agosto de 2025 – Los proyectos para redistribuir los Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN) y modificar la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos obtuvieron dictamen en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, marcando una fuerte disputa entre el oficialismo y la oposición. El Gobierno, en un movimiento inesperado, presentó dos propuestas alternativas en un intento por romper la unidad de los gobernadores.
Dictámenes sobre los ATN
El proyecto de mayoría sobre los ATN, que busca un reparto automático de estos fondos y ya contaba con media sanción del Senado, logró 27 firmas con el apoyo de bloques como Unión por la Patria e Innovación Federal. Sin embargo, el oficialismo, en lugar de un rechazo total, presentó un dictamen de minoría con una propuesta de reparto diferente. Este texto, que obtuvo 15 firmas de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y diputados afines a algunos gobernadores como Lisandro Nieri (Mendoza) y Nancy Picón (San Juan), es visto como un intento de negociación para «contener a los que ya son aliados».
La votación dejó al descubierto las divisiones internas: mientras el gobernador mendocino Alfredo Cornejo impulsaba el proyecto de mayoría, su diputado Lisandro Nieri firmó el de minoría. La ausencia del cordobés Ignacio García Aresca, cercano al gobernador Martín Llaryora, también generó especulaciones sobre el posicionamiento de los gobernadores frente a la Casa Rosada.
Redistribución del Impuesto a los Combustibles
En un segundo plenario, la oposición también dictaminó su proyecto para cambiar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos. La iniciativa propone eliminar varios fideicomisos nacionales y redistribuir los recursos de la siguiente manera: 57,02% para las provincias, 14,29% para el Tesoro Nacional y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad.
El Gobierno, a través de su contrapropuesta, plantea una distribución distinta: 40% para las provincias y 32% para el Tesoro Nacional. La diputada de LLA Lorena Villaverde defendió esta propuesta, argumentando que busca «terminar con la caja política de fideicomisos opacos» y garantizar que el dinero «llegue a las provincias según la ley». La tensión política ahora se centra en si las provincias aceptarán esta oferta, vista por algunos como la única opción para evitar un posible veto presidencial.
