Tras semanas marcadas por la investigación patrimonial sobre el Vocero Presidencial, el oficialismo despliega una ambiciosa agenda legislativa que incluye el «superRIGI» y la Ley Hojarasca. Sin embargo, la oposición mantiene la presión con un pedido de interpelación al Jefe de Gabinete.

BUENOS AIRES – El Gobierno nacional intenta sacudirse semanas de parálisis y defensa mediática. Luego de que la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni dominara la conversación política, La Libertad Avanza (LLA) ha decidido mover sus fichas en el Congreso para recuperar la iniciativa. La estrategia es clara: mostrar «músculo político» a través de una batería de proyectos económicos y reformas estructurales.

Diputados: Inversiones y desregulación

El plato fuerte de la semana comienza este lunes con la presentación del «superRIGI», un esquema de incentivos diseñado para atraer capitales extranjeros en sectores industriales inexistentes en el país. El oficialismo busca complementar esta medida con otros tres ejes clave:

• Tratado de Patentes (PCT): Este martes se buscará dictamen para adherir a este convenio internacional, una promesa clave en el acuerdo comercial con EE. UU. que enfrenta la resistencia de laboratorios nacionales.

• Ley Hojarasca: Un proyecto orientado a la derogación de normativas consideradas obsoletas para simplificar el marco jurídico.

• Zonas Frías: El Ejecutivo busca modificar el régimen de subsidios al gas en regiones de bajas temperaturas, apuntando a un recorte en el gasto público.

Sin embargo, no todo será gestión para el oficialismo. La oposición ha convocado a una sesión este jueves con el objetivo de interpelar al Jefe de Gabinete. El plan opositor contempla desde un emplazamiento a comisiones hasta una posible moción de censura contra el funcionario por su situación judicial, una medida que, aunque hoy no contaría con los votos para prosperar, busca mantener el desgaste sobre la figura de Adorni.

El Senado: Deudas y Propiedad Privada

En la Cámara Alta, la agenda de LLA se divide entre el ordenamiento institucional y las urgencias financieras. Por un lado, se avanzará con las audiencias públicas para la designación de jueces y fiscales federales.

Por otro, el oficialismo negocia a contrarreloj el dictamen del proyecto de Propiedad Privada. Para destrabar el apoyo de los bloques aliados, el Gobierno evalúa ceder y eliminar la modificación al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), preservando la suspensión de desalojos establecida durante la gestión de Mauricio Macri.

Finalmente, el Senado podría sesionar esta misma semana para tratar un tema sensible para las arcas públicas: la autorización para pagar US$ 171 millones a fondos que aún litigan contra el país por la deuda en default del año 2001.

La encrucijada electoral

Mientras esta agenda avanza, la reforma electoral sigue en el limbo. El rechazo de los aliados a la eliminación de las PASO ha forzado al oficialismo a una definición estratégica: ceder ante las demandas opositoras o mantener la intransigencia y arriesgarse a una nueva derrota legislativa. En este ajedrez, la oposición presiona para tratar por separado la Ley de Ficha Limpia, intentando desacoplarla del paquete oficialista.

«El objetivo es mostrar que el Gobierno no está paralizado por las denuncias y que la agenda de transformación sigue en marcha», confían fuentes de Casa Rosada.