Más de 100 agentes denunciaron haber sido víctimas de un esquema Ponzi operado por sus propios compañeros. La red ofrecía ganancias de hasta el 15% mensual, pero terminó en un millonario fraude que ya tiene a varios funcionarios imputados.
El «Canto de Sirena» en los pabellones
Lo que comenzó como una oportunidad de inversión «entre camaradas» terminó siendo un terremoto institucional. Según la investigación que lidera la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, la estafa se gestó bajo la modalidad de un «circuito cerrado» de inversiones que prometía rentabilidades mensuales de entre el 10% y el 15%.
El principal sospechoso, un Cabo Primero del Servicio Penitenciario, utilizaba la confianza que otorga el uniforme para convencer a sus pares de que el sistema funcionaba con éxito desde la pandemia. La ambición y la cercanía hicieron que algunos agentes llegaran a entregar ahorros de toda la vida, con cifras que en casos individuales alcanzaron los $24 millones.
Una estructura jerarquizada para el engaño
La fiscalía describió una organización criminal aceitada que operaba en tres niveles:
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El Organizador: La cabeza detrás del esquema que diseñó la promesa financiera.
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Los Captadores: Un grupo selecto de colaboradores internos que «evangelizaban» a sus compañeros sobre las bondades del sistema.
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Los Aportantes: La base de la pirámide, compuesta por más de 100 agentes que inyectaron el capital.
La magnitud del flujo de dinero era tal que se detectó a una funcionaria penitenciaria realizando 94 transferencias por un total de $118 millones, movimientos que terminaron de encender las alertas de los organismos de control financiero.
Allanamientos y cuentas congeladas
Tras el estallido de las denuncias por falta de pago, la Justicia Federal y provincial avanzaron con una serie de operativos relámpago en los barrios Democracia, Divino Niño y la localidad de Cerrillos. El saldo de los allanamientos fue contundente:
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Secuestro de evidencia: Celulares, documentación contable y más de un millón de pesos en efectivo.
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Bloqueo bancario: Se inmovilizaron 15 cuentas bancarias vinculadas a los imputados para evitar que el dinero sea desviado o «lavado».
Situación judicial
Tras la audiencia de imputación, los principales sospechosos enfrentan cargos por estafa y asociación ilícita. El caso ha generado una profunda crisis de confianza dentro del Servicio Penitenciario de Salta, mientras se intenta rastrear el destino final de los $2.700 millones que, según las víctimas, se esfumaron tras meses de excusas y prórrogas incumplidas.
