El debate debía comenzar el próximo lunes 23 de febrero, pero la Cámara Penal lo suspendió para analizar una oferta económica de la defensa. El jefe comunal propone pagar para evitar el banquillo, usando el antecedente de Alberto Fernández en el «Olivosgate».
SAN JUAN – La justicia sanjuanina ha puesto un «paréntesis» en una de las causas más sensibles que involucran a un funcionario en ejercicio. El intendente de Angaco, José Castro, imputado por malversación de caudales públicos, logró que el tribunal suspendiera provisoriamente el inicio del juicio oral tras presentar una propuesta de reparación integral del daño.
La estrategia: Pagar para no ser juzgado
La defensa del intendente, liderada por el abogado Marcelo Fernández Valdés, activó una jugada de último minuto. A solo cuatro días del inicio previsto para el debate, ofreció:
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Monto: $5.000.000 (cinco millones de pesos).
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Destino: Una institución de beneficencia de Angaco.
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Objetivo: Extinguir la acción penal. Si el tribunal acepta, la causa se cierra sin que se dicte una sentencia de culpabilidad o inocencia.
El argumento más polémico de la defensa es la invocación del «Olivosgate». Sostienen que, si el expresidente Alberto Fernández pudo cerrar su causa por la fiesta en la Quinta de Olivos mediante un pago económico, el intendente Castro debería recibir el mismo trato, alegando que la ley debe ser igual para todos los funcionarios.
La causa: El predio en Chimbas
Castro llega a esta instancia procesado por hechos que habrían ocurrido a fines de 2019. Según la denuncia original:
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Habría utilizado maquinaria pesada del municipio de Angaco para tareas privadas.
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Habría destinado personal municipal para realizar trabajos en un predio de su propiedad ubicado en el departamento de Chimbas.
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Los delitos imputados son malversación de caudales, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, que contemplan penas de hasta 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua.
Escándalo en el Concejo Deliberante
Mientras la justicia analizaba el escrito, el plano político en Angaco se incendió. El Concejo Deliberante realizó una sesión «express» para convalidar el acuerdo.
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Votación: 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
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Críticas: La oposición y diversos sectores sociales denunciaron que la sesión se hizo con escasa difusión y de manera apresurada para «blindar» judicialmente al intendente antes del lunes.
¿Qué define el tribunal?
La decisión final está en manos de los jueces Víctor Muñoz Carpino, Juan Carlos Caballero Vidal y Miguel Dávila Saffe. El tribunal debe resolver una cuestión técnica compleja: si la reparación integral es aplicable a delitos de corrupción pública cometidos por funcionarios en ejercicio, o si la gravedad institucional del hecho exige que el juicio se realice de todas formas.
