BUENOS AIRES – El fiscal Diego Luciani rechazó este martes el pedido de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, abriendo la puerta a que sea el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) el que defina dónde deberá cumplir la condena la ex vicepresidenta. La decisión fiscal se conoció un día antes de vencerse el plazo establecido por el juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2 que llevó adelante el juicio del caso Vialidad.
La solicitud de arresto domiciliario fue presentada por el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la sentencia condenatoria en su contra. El pedido se fundamentó en la edad de Cristina Kirchner, de 72 años, su rol como ex Jefa de Estado —argumentando que no corresponde que sea alojada en una cárcel común— y el intento de homicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022. Además, la defensa solicitó evitar el uso de tobillera electrónica, planteando que su custodia permanente ya garantizaría la supervisión.
Tras conocerse el planteo de Luciani, el presidente del TOF 2, Jorge Gorini, solicitará la opinión de la defensa sobre el criterio del Ministerio Público. Mientras tanto, Cristina Kirchner informó que se presentará en Comodoro Py este miércoles por la mañana, cuando se hará efectiva su detención.
El Departamento Bajo Sospecha
El departamento donde Cristina Kirchner busca cumplir la prisión domiciliaria, ubicado en San José 1111, ha levantado sospechas. La propiedad es de Los Sauces S.A., la inmobiliaria familiar investigada por lavado de dinero.
Según consta en la causa, en 2015 se realizó un depósito en efectivo de 4 millones de pesos en la cuenta de Los Sauces, dinero que ese mismo día se utilizó para la compra de CEDINES (bonos soberanos). Estos CEDINES, a su vez, se usaron para adquirir la propiedad de la calle San José y Humberto Primo, donde reside actualmente la ex vicepresidenta. La Unidad de Información Financiera (UIF) ha señalado que se «desconoce cuál es el origen o actividad que generó dicho dinero» y que la extracción se realizó «sin el comprobante que respalde la operación».
La propiedad, valuada en 2019 en más de 37 millones de pesos, se encuentra embargada producto de la investigación por lavado de dinero. Recientemente, la justicia federal solicitó una nueva tasación sobre los bienes de la expresidenta para avanzar en el decomiso de 85.000 millones de pesos ordenados en el caso Vialidad. El Tribunal que debe llevar adelante el juicio de Hotesur – Los Sauces también ha pedido una tasación de todos los bienes
