El Gobierno nacional publicó una modificación profunda a la Ley de Inteligencia. La SIDE podrá exigir datos a cualquier organismo público, realizar detenciones en flagrancia y centralizará toda la información estratégica del país.
En las últimas horas del 2025, el presidente Javier Milei y la totalidad de su gabinete firmaron un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que marca un antes y un después en el sistema de seguridad interior. La norma busca «modernizar y legitimar» el Sistema de Inteligencia Nacional, dotando a la SIDE de una estructura más robusta y un alcance operativo que no tenía hasta el momento.
El retorno del carácter «reservado» y operativo
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la declaración formal de que todas las actividades de inteligencia tienen carácter encubierto y reservado. Según el nuevo articulado, esta medida busca «minimizar el Riesgo Estratégico Nacional», protegiendo la sensibilidad de las operaciones.
Además, el decreto otorga facultades que expanden los límites tradicionales del organismo:
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Seguridad propia: La SIDE podrá proveer su propia seguridad interna.
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Detenciones: El personal de inteligencia queda habilitado para detener personas en casos de flagrancia, una atribución que históricamente correspondía a las fuerzas de seguridad preventivas.
Centralización de datos: «Poder de requerimiento»
A partir de la entrada en vigencia del DNU, la SIDE se convierte en el nodo central de información del Estado. Podrá requerir datos a cualquier organismo del sector público, incluyendo ministerios, Aduanas, Migraciones y entes del sector nuclear.
Para coordinar este flujo de información, se crearon dos nuevos ámbitos:
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Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN): Integra a las Fuerzas Armadas y de Seguridad bajo la conducción de la SIDE.
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Comunidad Informativa Nacional (CIFN): Reúne a todos los entes estatales con capacidad de generar datos estratégicos.
Nueva estructura: Ciberinteligencia y Control
El esquema interno de la inteligencia argentina también fue reconfigurado con nombres y funciones específicas:
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Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC): Reemplaza a la de Seguridad Nacional, con foco en evitar infiltraciones y espionaje externo.
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Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC): Sustituye a la anterior de Ciberseguridad, enfocándose puramente en la obtención de información en el ámbito digital.
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Inspectoría General de Inteligencia (IGI): Un nuevo órgano encargado exclusivamente del control interno y la transparencia del sistema.
Defensa de Infraestructuras Críticas
Finalmente, el DNU crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Este ente descentralizado tendrá la misión crítica de proteger los activos digitales estratégicos y supervisar los sistemas tecnológicos que sostienen los servicios públicos esenciales del país.
Esta reforma, firmada el 31 de diciembre, anticipa un fuerte debate legislativo y judicial para el inicio del 2026, ya que redefine el equilibrio entre la seguridad del Estado y las garantías individuales.
