La provincia de San Juan ha sido habilitada para licitar, adjudicar y administrar tramos de rutas nacionales que atraviesan su territorio. A través del Decreto 253/2026, el Gobierno nacional delegó estas facultades, permitiendo que la provincia impulse obras de mantenimiento y ampliación bajo un modelo de concesión de obra pública que incluye, por primera vez de forma extendida en la región, el cobro de peajes.

Aunque la Nación mantiene la titularidad de las rutas, San Juan podrá ahora diseñar proyectos estratégicos para corredores vinculados a la minería, el turismo y la producción agrícola. Este cambio de paradigma busca acelerar la infraestructura vial en un contexto de descentralización de recursos y responsabilidades.

Puntos clave del nuevo esquema vial

La normativa establece condiciones estrictas para que la provincia pueda ejercer esta nueva potestad:

• Convenios específicos: San Juan debe firmar acuerdos individuales con Vialidad Nacional para cada tramo que desee intervenir.

• Financiamiento por peaje: Las obras podrán ser costeadas mediante tarifas cobradas al usuario, un modelo que requerirá una evaluación económica y política profunda a nivel local.

• Plazos y límites: Las concesiones tendrán un máximo de 30 años. Una vez firmado el convenio, la provincia tiene un año para llamar a licitación o perderá la facultad sobre ese tramo.

• Responsabilidad legal: San Juan asumirá la responsabilidad económica y legal ante reclamos o incumplimientos, aunque Vialidad Nacional mantendrá el rol de auditor y supervisor técnico.

Desafíos y oportunidades

Para el sector productivo, la medida representa una oportunidad para desatascar obras frenadas por falta de presupuesto nacional. No obstante, la implementación de peajes en rutas nacionales dentro de San Juan —donde no es una práctica habitual— genera interrogantes sobre el impacto en los costos logísticos y el bolsillo de los conductores particulares.

La provincia deberá ahora priorizar qué rutas resultan «rentables» para atraer capital privado o si utilizará esquemas mixtos para garantizar que la mejora en la infraestructura no se traduzca en tarifas prohibitivas. Con esta herramienta, San Juan deja de ser un espectador de las decisiones nacionales y toma el control de las arterias vitales para su desarrollo económico.