Diputados de Unión por la Patria presentaron la demanda en Comodoro Py. Acusan al Ministro de Economía de frenar la actualización del IPC para ocultar el impacto del tarifazo en la inflación y de filtrar datos oficiales antes de su publicación.
El viernes judicial en Buenos Aires sumó un capítulo de alto impacto político. Los diputados Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca formalizaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, acusándolo de interferir en la independencia técnica del INDEC. La presentación sostiene que el funcionario alteró el calendario de actualización estadística para evitar que el índice inflacionario refleje la suba de tarifas.
Los ejes de la imputación
La denuncia, que recayó en los tribunales de Retiro, enumera una serie de delitos graves previstos en el Código Penal y la Ley de Estadística (17.622):
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Abuso de autoridad: Por ordenar la suspensión de la nueva metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que debía debutar en enero de 2026.
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Violación del secreto estadístico: Por adelantar resultados de la inflación en redes sociales antes de la difusión oficial.
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Falsificación de documentos públicos: Al mantener una «fórmula vieja» de cálculo que no representaría el consumo actual de los argentinos.
El conflicto por la «nueva metodología»
El nudo de la cuestión radica en una decisión técnica que tomó ribetes políticos. El INDEC había planificado que, a partir de enero de 2026, comenzaría a regir un esquema de cálculo basado en pautas de consumo actualizadas. Sin embargo, según los legisladores, Caputo frenó el cambio.
«Esta decisión busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria, que tendría especial impacto en los precios», señala el texto judicial.
Para la oposición, esta maniobra tiene un objetivo económico concreto: licuar ingresos. Al no reflejarse el peso real de las tarifas en el índice, se verían afectados:
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La movilidad jubilatoria (haberes de jubilados y pensionados).
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Las asignaciones sociales.
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Las negociaciones paritarias de trabajadores públicos y privados.
El factor «X» y la filtración de datos
Un punto que los denunciantes califican como «gravísimo» es la conducta del ministro en la red social X. Alegan que Caputo reconoció públicamente que existían diferencias entre el método viejo y el nuevo, y que incluso adelantó el número de la inflación de enero antes de que el organismo publicara el informe técnico.
La normativa vigente prohíbe estrictamente a cualquier funcionario político acceder o difundir estos datos antes de tiempo para garantizar la transparencia y evitar especulaciones en el mercado financiero.
Posibles consecuencias legales
De prosperar la denuncia, la justicia deberá determinar si el Poder Ejecutivo utilizó al INDEC como una herramienta de propaganda. Los artículos citados (157, 248 y 293 del Código Penal) prevén penas de inhabilitación y prisión para los funcionarios que utilicen información privilegiada o incumplan sus deberes
