El gobernador de San Juan envió cartas documento intimando a la producción y al periodista a rectificarse en un plazo de 24 horas. La medida se da en medio de una ola de demandas similares de otros gobernadores del país contra el mismo programa. «Se le atribuyeron hechos ilícitos de extrema gravedad sin pruebas», señalaron desde el entorno del mandatario.
SAN JUAN – La presentación judicial no solo apunta al periodista cordobés, sino también a la productora Telearte y al Grupo Octubre. Para el equipo legal de Orrego, las expresiones vertidas exceden los límites de la libertad de expresión, ya que fueron presentadas como «hechos ciertos» careciendo de base fáctica.
Los puntos clave de la demanda
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Intimación Relámpago: Orrego exige una rectificación pública inmediata. De no ocurrir en 24 horas, la causa avanzará por la vía civil por daños y perjuicios, además de acciones penales por calumnias e injurias.
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Afectación Institucional: Desde la Casa de Gobierno enfatizaron que no se trata solo de un ataque personal, sino de una conducta que afecta la figura del Gobernador y, por extensión, a la provincia de San Juan.
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Hechos Ilícitos: El comunicado aclara que se le imputaron delitos de «extrema gravedad» que el mandatario niega rotundamente.
Un frente común de gobernadores
Marcelo Orrego no es el único mandatario en pie de guerra contra el programa de El Nueve. Se ha conformado un frente judicial de gobernadores que denuncian una metodología de «difamación sistemática»:
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Ya demandaron: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y recientemente Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
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En análisis: Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis) evalúan sumarse con presentaciones similares en los próximos días.
El contexto mediático
El programa “Telenueve Denuncia” ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos meses por sus informes sobre gestiones provinciales. Sin embargo, la reacción en cadena de los gobernadores sugiere un quiebre en la relación con el Grupo Octubre.
La postura oficial: «La imputación pública de delitos sin pruebas constituye una conducta ilegíitima que no puede ser tolerada bajo el disfraz de la labor periodística», sentenciaron voceros del Gobierno sanjuanino.
