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viernes, mayo 29, 2026

El gobierno de Milei judicializará la ley de Discapacidad tras el rechazo del veto en el Senado

En una nueva derrota política para el Poder Ejecutivo, el Congreso dejó sin efecto el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La Casa Rosada confirmó que llevará el caso a la justicia para evitar los aumentos de recursos argumentando falta de fondos.

 

BUENOS AIRES.- El gobierno de Javier Milei ha decidido recurrir a la justicia para defender su veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Senado ratificara la normativa, anulando la decisión del Poder Ejecutivo. La información fue confirmada por fuentes del gobierno a A24.com, quienes señalaron que la medida busca evitar el aumento en los pagos a los beneficiarios de pensiones por discapacidad, argumentando que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para afrontar el gasto.

Esta derrota legislativa marca un hito en la gestión de Milei, ya que es el primer veto presidencial que el Congreso logra revertir. La decisión del Senado se produce en un contexto de alta tensión política y a pocos días de las elecciones bonaerenses. El gobierno argumenta que la ley, impulsada por la oposición, «viola la ley de administración financiera», la cual exige que toda nueva ley que implique un aumento del gasto público debe especificar de dónde provendrán los fondos para cubrirlo.

«El Gobierno no va a dar esos aumentos. Tenemos herramientas para ir a la justicia, como es la ley de administración financiera», explicó un funcionario desde la Casa Rosada. La estrategia de judicialización estará a cargo de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y el Procurador del Tesoro, y se espera que la presentación se concrete en los próximos días, incluso antes de las elecciones generales de octubre.

El enfrentamiento por la Ley de Discapacidad se suma a una serie de reveses que el gobierno ha sufrido en el Congreso. En poco más de un año y medio, Milei ha firmado cinco vetos, pero hasta ahora había logrado blindarlos con el apoyo de la oposición dialoguista. Sin embargo, en esta ocasión, la oposición logró unificarse para reactivar la ley. A su vez, el Congreso también anuló cinco decretos del Poder Ejecutivo, que buscaban la desarticulación de organismos estatales clave como la Agencia Nacional de Vialidad y el INTI, entre otros.

El presidente, que se encuentra en un viaje relámpago en Estados Unidos, regresará a Buenos Aires para seguir de cerca la situación y el desarrollo del proceso electoral. La decisión de judicializar la ley se interpreta como un gesto de autoridad del presidente, que busca reafirmar su rumbo económico ante la creciente volatilidad de los mercados y la debilidad política en el Congreso. La Casa Rosada considera que promulgar la ley sería un signo de debilidad que no puede permitirse en el actual contexto.

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