La medida, impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ), busca supervisar el funcionamiento administrativo y financiero de la entidad. No habrá desplazamiento de autoridades.

Buenos Aires. — En un nuevo capítulo de la tensa relación entre el Poder Ejecutivo y la conducción del fútbol argentino, el Gobierno nacional dispuso la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida tendrá una vigencia de 180 días y apunta a realizar una radiografía profunda de los movimientos contables e institucionales de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La resolución, promovida por la Inspección General de Justicia (IGJ) bajo la órbita del Ministerio de Justicia conducido por Juan Bautista Mahiques, habilita una auditoría exhaustiva sobre balances, contratos comerciales y documentación interna.

El alcance del control

Los profesionales designados para esta tarea son el contador público Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz De Marco. Ambos especialistas tendrán «acceso completo» a los registros contables y acuerdos vigentes de la organización. Según el documento oficial, el objetivo primordial es elaborar un informe técnico detallado sobre el manejo económico durante el periodo de control.

Desde el entorno gubernamental fueron enfáticos al aclarar la naturaleza de la medida:

«La designación de veedores no implica una intervención de la AFA ni el desplazamiento de sus autoridades actuales».

De esta manera, Tapia continuará al frente de la institución, aunque bajo un esquema de seguimiento administrativo que no tiene precedentes cercanos en la gestión actual.

Contexto y trasfondo

La decisión llega en un momento donde el funcionamiento de la AFA se encuentra bajo la lupa debido a diversas controversias institucionales. Si bien la conducción del fútbol profesional se mantiene operativa, el Gobierno busca transparentar el manejo de los fondos y los acuerdos comerciales que regulan el deporte más popular del país.

Puntos clave de la resolución:

• Plazo: 180 días de supervisión.

• Auditores: Un contador y un abogado de trayectoria técnica.

• Facultades: Revisión de balances, contratos y actas institucionales.

• Consecuencias: Dependiendo del informe final, la IGJ podría emitir recomendaciones o iniciar acciones legales posteriores.