El Gobierno Nacional, bajo la administración del presidente Javier Milei, ha anunciado la eliminación de dos programas clave que pertenecían al extinto Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: el Programa Acercar Derechos y el Registro de Organizaciones de Género. La medida, publicada en el Boletín Oficial, fue defendida por el titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien aseguró que se pone fin a “dos estructuras ideológicas” que sostenían “militancia y cargos políticos” sin arrojar “resultados positivos para los argentinos”.
En una conferencia de prensa, acompañado por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, Cúneo Libarona enfatizó la postura del gobierno de que “la violencia no tiene género” y que la única forma de proteger a las víctimas es “siendo implacables con los agresores”. En este sentido, destacó una presunta reducción del 14,3% en los homicidios de mujeres como resultado de esta nueva política de seguridad.
Los programas disueltos fueron fundados durante la gestión de la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta y tenían como fin principal preservar los derechos de mujeres, el colectivo LGBTI+ y trans en situaciones de violencia de género. El Programa Acercar Derechos se había implementado para brindar una respuesta integral a las necesidades de estos grupos vulnerados en contextos violentos, mientras que el Registro Nacional de Organizaciones Sociales tenía como tarea relevar información sobre asociaciones que promovían y protegían sus derechos.
El ministro Cúneo Libarona señaló que durante el mandato del expresidente Alberto Fernández “se destinaron millones de dólares en estos programas ideológicos, mientras los delitos violentos aumentaban”.
Por su parte, el secretario Amerio detalló los hallazgos de auditorías internas realizadas por el Ministerio de Justicia sobre el Programa Acercar Derechos. Los resultados revelaron “debilidades sustantivas” tanto en los operativos como en el sistema de registro, la supervisión de casos y la “autosuficiencia documental” de las intervenciones.
Amerio presentó datos contundentes: el 38% de los casos no registraban acciones de abordaje o seguimiento, el 75% de las acciones activas no habían sido actualizadas en más de seis meses, y el 26% de los casos analizados carecía de una estrategia integral de abordaje. “Esto compromete la trazabilidad, el control y la efectividad del acompañamiento brindado”, sentenció el secretario.
Para finalizar, Amerio subrayó que la revisión de las políticas públicas “constituye una herramienta fundamental” para garantizar que los programas estatales respondan “de forma efectiva” a las necesidades sociales actuales, “conforme a los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad fiscal” que deben regir el accionar del Estado.
