El gobierno del presidente Javier Milei ha desatado una nueva controversia al publicar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 en el Boletín Oficial, que limita drásticamente el derecho a huelga y expande la lista de actividades consideradas esenciales. La medida, que entró en vigor de inmediato, obliga a sectores clave como la educación y el transporte público a garantizar un funcionamiento de entre el 50% y el 75% en caso de conflictos laborales.
La decisión ha generado un fuerte repudio entre los gremios, quienes ya anticipan una batalla legal en los tribunales. El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, defendió la medida en declaraciones a Radio Sarmiento, poniendo como ejemplo el transporte de pasajeros: «Si ellos deciden tomar una medida de fuerza, la que sea, tienen que asegurar como mínimo al ser un servicio esencial la prestación de como mínimo el 75% de ese servicio».
La normativa es particularmente estricta con los gremios docentes. Marchese fue explícito: «Si los gremios UDA, UDAP, AMET quieren hacer un paro tienen que avisar 24 horas a la Subsecretaría y garantizar el 75% (del servicio)». Además, los sindicatos deberán presentar un «plan de acción o plan de contingencia de cómo van a asegurar ese 75% de prestación del servicio».
El funcionario justificó la medida al expresar su «compartimiento» con los alcances del decreto. «Venimos sufriendo que los sindicatos por ahí juegan con ese tema de las medidas de fuerza para presionar y nos dejan sin clase a todos los chicos, o sin transporte también en algunos casos, entonces yo la verdad que sí en eso comparto», afirmó Marchese.
Sin embargo, el propio subsecretario de Trabajo reconoció las implicaciones legales de la medida y la probable reacción sindical. «Cree que los sindicatos lo van a discutir en la Justicia, capaz que al discutir en la Justicia puedan frenar el decreto provisoriamente, es decir, una cautelar», admitió. Paradójicamente, Marchese también sugirió que, a pesar de su defensa del DNU, la vía ideal para esta reforma sería a través del Congreso Nacional. «Lo mejor sería esto, ya finalmente darle un marco legal como corresponde, sancionar una ley y listo, y se acabe todo tipo de presunciones y demás. Por más que por supuesto los sindicatos van a discutirlos judicialmente por el tema del derecho constitucional de huelga», concluyó.
El DNU 340/2025 promete ser un punto de inflexión en las relaciones laborales de Argentina, abriendo un nuevo frente de conflicto entre el gobierno y los sindicatos, con un inevitable desenlace en el ámbito judicial.
