Este jueves se llevarán a cabo los alegatos finales contra Daniel Ramón Pino (72). La UFI Delitos Informáticos solicitará una condena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo tras detectar alertas internacionales del NCMEC. El acusado cuenta con antecedentes penales y deportación desde Estados Unidos.
El proceso judicial contra Daniel Ramón Pino, un jubilado de 72 años con pasado en la actividad política del departamento Pocito, ingresó en su etapa definitiva. Este jueves se desarrollará la jornada clave de alegatos finales en los tribunales provinciales, donde las partes expondrán sus últimas conclusiones antes de que el magistrado a cargo dicte veredicto por la grave acusación de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
La causa penal es timoneada por la UFI Delitos Informáticos y Estafas. El fiscal Eduardo Gallastegui y su equipo técnico dieron por cerrada esta semana la presentación de la robusta prueba documental y pericial ante el juez de Garantías Diego Manuel Sanz. Fuentes del Ministerio Público Fiscal anticiparon que solicitarán una pena de 6 años de prisión, mientras que el abogado defensor, Marcelo Montaño, insistirá con el pedido de absolución.
Alertas de Estados Unidos y peritajes informáticos
El expediente penal contra el exasesor político se inició formalmente tras el salto de tres alertas de tráfico emitidas por la prestigiosa organización estadounidense National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) a lo largo de los años 2021, 2022 y 2025. Los informes internacionales reportaron que desde conexiones locales se estaban distribuyendo archivos con contenido de explotación sexual de menores en entornos digitales.
La Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de la Ciudad de Buenos Aires encauzó los datos hacia la provincia de San Juan, permitiendo que los investigadores rastrearan la utilización de una cuenta de correo electrónico específica, una línea de telefonía celular y múltiples direcciones IP directamente ligadas a la vivienda de Pino. Según la acusación del fiscal, los chats examinados incluían pedidos explícitos de material bajo terminología delictiva internacional y el envío constatado de al menos 11 videos.
Posteriormente, un allanamiento en el hogar del sospechoso derivó en el secuestro de computadoras y teléfonos. Tras las pericias forenses a los dispositivos, se descubrieron más de 800 imágenes de contenido explícito, constatando mediante análisis visual que varias de las víctimas eran niños y niñas de corta edad, algunos de aproximadamente seis años.
Antecedentes políticos y antecedentes de violencia en el exterior
El caso causó conmoción social e institucional en Pocito debido a que Daniel Ramón Pino se desempeñó activamente como asesor político dentro del Concejo Deliberante y mantuvo estrechos lazos con estructuras partidarias locales de la zona.
Asimismo, la investigación penal adosó un polémico componente sobre el pasado del jubilado. Fuentes del caso detallaron que, durante los años en que Pino residió en los Estados Unidos, fue procesado y condenado por un grave episodio de violencia familiar en perjuicio de su esposa. Tras purgar la correspondiente condena impuesta por el sistema judicial estadounidense, el ciudadano sanjuanino fue inmediatamente deportado de regreso a la Argentina. Mañana, el juez Sanz escuchará los alegatos finales para definir su destino inmediato.
